La asociación Uruguay Libre de Megaminería viene luchando desde hace años en contra de la instalación de Aratirí, una gigantesca mina de hierro a cielo abierto que se prevé ubicar en el corazón del país.
Montevideo. El movimiento ecologista Uruguay Libre mostró hoy su descontento ante un informe del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) que clasifica como confidencial temas "muy importantes" para calibrar el impacto ambiental del proyecto minero Aratirí.
La asociación Uruguay Libre de Megaminería viene luchando desde hace años en contra de la instalación de Aratirí, una gigantesca mina de hierro a cielo abierto que se prevé ubicar en el corazón del país.
El proyecto, en manos de la multinacional india Zamin Ferrous, pretende invertir más de US$1.000 millones en un complejo de 6.210 hectáreas, además de la construcción de un mineroducto de 212 kilómetros y una terminal portuaria en el océano Atlántico.
Según el gobierno y la empresa, el proyecto generará grandes beneficios económicos y empleo de calidad en la zona, hoy dedicada a la ganadería, y podría derivar en un incremento de la industria en el país.
"Para nosotros, la declaración de confidencialidad esconde temas muy importantes a la hora de analizar los impactos de este proyecto minero en las rocas, en el agua y en el tratamiento de desechos", dijo a Efe una de las representantes de la Comisión Coordinadora, Ana Filippini.
El MIEM hizo entrega a la asociación Uruguay Libre un extenso informe con toda la información relativa al proyecto Aratirí en cumplimiento de un fallo del Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo.
El informe consta de un resumen de 190 páginas y de una lista de temas confidenciales en la que se incluyen desde las bases de datos geofísicos y geoquímicos hasta las dimensiones de los equipos y la operación de las minas en todas sus etapas.
Bajo secreto se encuentra también el contenido del contrato que se cerraría con Zamin Ferrous.
En la actualidad, la firma del contrato se encuentra en un periodo de prórroga cuyo plazo expira el próximo 28 de febrero.
"Para nosotros es importante aprovechar este tiempo para recoger firmas y poder plantear un plebiscito que evite este proyecto", declaró Filippini.
"Por parte del ministerio no hemos visto voluntad de pararlo". Ellos siguen en el proceso de discusión de la firma del contrato con la empresa, lo que sería un riesgo y un despropósito después de lo que sabemos del proyecto y los precios", añadió.
