El recursos presentado por la multinacional para frenar el pago de US$18.000 millones por contaminación ambiental, contiene cuatro puntos adicionales que se espera sean considerados por la Corte Nacional de Justicia para revocar la sentencia en su contra.

Quito. El recursos de casación presentado por la multinacional Chevron, en enero pasado, para frenar el pago de US$18.000 millones por contaminación ambiental, en el litigio que mantiene con comunidades amazónicas hace más de dos décadas, contiene cuatro puntos adicionales que se espera sean considerados por la Corte Nacional de Justicia (CNJ) para revocar la sentencia en su contra.

Según la petrolera, el dictamen de las instancias inferiores “violaron la Constitución ecuatoriana al rehusar tomar cualquier acción correctiva en respuesta del amplio fraude y corrupción cometidos por los abogados de los demandantes y sus representantes”.

Por ello, la compañía asegura que “la sentencia se fundamenta ilegítimamente en evidencia fraudulenta y sin fundamento científico, además que se basa ilegalmente en la aplicación retroactiva de la ley, ignora la liberación de responsabilidades otorgada a Texaco Petroleum Company (antecesor de Chevron) por el gobierno ecuatoriano luego de la remediación realizada en los años noventa, y concede indemnizaciones punitivas y otros daños nunca pedidos en el reclamo de los demandantes y no autorizados por la ley nacional”.

La posición de la petrolera se suma a la inflexibilidad de ceder al pago de la indemnización en favor de las comunidades indígenas que demandaron.

El recurso de casación se tramita a la par del pedido de ejecución de sentencia de los demandantes, quienes no retrocederán en el cobro del dinero.

Frente a ese obligatoriedad de pago, Chevron acudió a un Tribunal Arbitral Internacional para que se suspenda la ejecución de la sentencia, pero dicha instancia judicial emitió el pasado 16 de febrero un segundo laudo interino de medidas provisionales, indicando que Ecuador debe tomar las medidas necesarias para evitar la ejecución de la sentencia.

“El segundo laudo ordena de forma expresa a las funciones Judicial, Legislativa y Ejecutiva, adoptar todas las medidas a su disposición para suspender o causar la suspensión de la ejecución y reconocimiento, dentro y fuera del Ecuador, de la sentencia dictada en dicho juicio”, confirmó la Procuraduría General del Estado.

De otra parte, en el mismo laudo, el tribunal ordenó a Chevron y Texaco hacer un depósito de US$50 millones como garantía, debido a que las compañías serán legalmente responsables, de forma individual o conjunta, por los costos o pérdidas que Ecuador pueda sufrir en el cumplimiento de sus obligaciones.

Esa cantidad deberá ser depositada ante la Corte Permanente de Arbitraje dentro de los 30 días siguientes a la emisión del laudo.

El procurador, Diego García, al referirse a lo resuelto por el tribunal, indicó en un boletín que “el laudo interino es una medida procesal que no tiene por objeto y no decide sobre el tema de fondo; en este sentido, es de competencia exclusiva de la Función Judicial y de los órganos del Estado determinar sus respectivas obligaciones”.