El procurador general, Diego García, se pronunció sobre esta decisión y expresó que el Estado no está “íntegramente satisfecho” por la resolución, pero resaltó la reducción del 40% del monto a pagar por la demanda, que un inicio superó los US$3.370 millones.

Ecuador buscará alcanzar un “acuerdo amistoso” con la transnacional Occidental Petroleum Company (Oxy) para el pago de US$1.061.775.000 que el Centro de Arreglo de Disputas Relativas a Inversiones (Ciadi) ordenó pagar por reparación, tras poner fin en 2006 a un contrato de explotación del bloque 15 en la Amazonía.

El Ciadi –institución del Banco Mundial– anunció su decisión el pasado lunes, luego de un arbitraje que tardó nueve años y que surgió porque en el 2006, durante la administración de Alfredo Palacio, se determinó que Oxy cedió un 40% de sus acciones a la empresa Alberta Energy Company (AEC) sin consultar al régimen, por lo que este decidió declarar la caducidad del contrato.

El procurador general, Diego García, se pronunció ayer sobre esta decisión y expresó que el Estado no está “íntegramente satisfecho” por la resolución, pero resaltó la reducción del 40% del monto a pagar por la demanda, que un inicio superó los US$3.370 millones.

“El Ecuador no se equivocó, tomó la decisión que estaba prevista en la ley y el contrato”, justificó García.

Ecuador está dispuesto a cumplir con el pago, y para ello está en “conversaciones” con la Oxy para concretar una propuesta de pago, que ya se presentó “en estos días”, según García, aunque los detalles son reservados. “Se van a buscar las mejores condiciones, pero no puedo anticipar la forma en que va a hacerse el pago. De momento, no existe posibilidad de entregar ningún otro bloque (de explotación petrolera)”, precisó.

Desde el Ejecutivo, el ministro de Finanzas, Fausto Herrera, aseguró ayer que ya se tenía registrado como un “riesgo contingente que podría afectar a los pasivos del Ecuador” esta sentencia y reveló que hace algún tiempo se venía trabajando en una solución amistosa.

García, al ser consultado por un posible proceso de ‘repetición’ en contra de los funcionarios que suscribieron la caducidad del contrato, aclaró que ello “es aplicable cuando un acto administrativo haya generado un perjuicio para el Estado”.

Y, aunque evitó precisar cifras, planteó el siguiente ejemplo: “¿Cuáles fueron las consecuencias del acto administrativo de la caducidad, respecto a los ingresos que tuvo el Estado en 2006, por la administración del bloque 15? (...). Comparar los ingresos que ha obtenido el país, frente a los egresos, porque pretender que el Estado recupere doblemente los valores que haya tenido que egresar sin considerar lo que le ingresó sería un enriquecimiento injusto para el país”, indicó.

En 2006, cuando Rafael Correa era precandidato a la Presidencia de la República por Alianza PAIS (AP), calificó como una “traición a la patria” el que el gobierno de Palacio haya buscado una negociación con la Oxy, cuando Iván Rodríguez era ministro de Energía y Minas y José María Borja, procurador del Estado.

“Tengan la seguridad que en un eventual gobierno de Alianza PAIS, el destino de estos traidores será la cárcel”, recogió Ecuadorinmediato en 2006.