La central hidroeléctrica Sopladora de 487 megavatios de capacidad instalada, que será inaugurada el jueves, forma parte de una lista de activos que el Gobierno ecuatoriano sacará a la venta para obtener liquidez y financiar la reconstrucción de zonas afectadas por un terremoto que azotó al país en abril.
Quito. Ecuador estima que la central hidroeléctrica que prevé vender como parte de un paquete de acciones para obtener liquidez estaría valorada en unos US$900 millones, lo que ha despertado el interés de inversores sobre el activo, dijo este martes un funcionario.
La central hidroeléctrica Sopladora de 487 megavatios de capacidad instalada, que será inaugurada el jueves, forma parte de una lista de activos que el Gobierno ecuatoriano sacará a la venta para obtener liquidez y financiar la reconstrucción de zonas afectadas por un terremoto que azotó al país en abril.
"Consideramos que el proyecto puede estar en alrededor de los US$900 millones (...) construida y lista para operar", dijo a periodistas el ministro de Electricidad y Energía Renovable, Esteban Albornoz.
"Hay interesados, estamos en análisis", agregó sin dar mayores detalles sobre el proceso ni el mecanismo legal a utilizar para la venta del activo.
La construcción de la central, una obra subterránea ubicada entre las provincias de Azuay y Morona Santiago al sur del país, tuvo un costo total de US$755 millones, de los cuales el 85% fue financiado por un crédito chino.
China se ha convertido en el principal socio financista del país andino, con inversión en proyectos del sector eléctrico, petrolero e importantes créditos directos, lo que ha despertado duras críticas de la oposición.
El proyecto Sopladora cubre el 13% de la demanda nacional de energía, dijo Albornoz.
El socio más pequeño de la OPEP requiere unos US$3.300 millones para reconstruir las zonas afectadas por el terremoto de magnitud 7,8 que azotó a Ecuador en abril y dejó más de 670 fallecidos y miles de damnificados.
En la lista de activos para la venta se incluye además un banco y medios de comunicación en manos del Gobierno, así como una parte de los activos de las empresas estatales de transporte aéreo y marítimo, y de telecomunicaciones.
