La Procuraduría confirmó que seis entidades presentaron demandas de repetición contra 21 servidores o exservidores públicos.

Quito. El Estado busca que los responsables de violaciones cometidas contra el pueblo Sarayaku, por actividades petroleras, compensen al fisco por la indemnización que le tocó pagar.

La Procuraduría confirmó que seis entidades presentaron demandas de repetición contra 21 servidores o exservidores públicos. No reveló quiénes son, pero sí los demandantes: Fiscalía General, ministerios de Defensa, de Hidrocarburos y del Ambiente, el Consejo de la Judicatura y Petroecuador.

Las acciones se plantearon, no precisó cuándo, luego de que esas instituciones identificaron a los presuntos autores del daño al Estado, “por sus acciones u omisiones en el desempeño de sus cargos”. Pretende “recuperar el valor pagado por reparación de acuerdo a la sentencia, esto es $ 1’404.344,62”, informó por correo la Procuraduría.

Se refiere al dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) contra el Estado ecuatoriano de junio del 2012 por responsabilizarlo de la “violación de los derechos” del pueblo Sarayaku, entre ellos, el de una consulta sobre actividades extractivas en sus tierras. El derecho a la vida e integridad de sus miembros, en riesgo “con los actos ocurridos desde las fases de exploración petrolera hasta la introducción de pentolita, explosivo de alto poder, en varios puntos del territorio indígena”.

La comunidad está asentada en Pastaza y parte de su zona está en el bloque petrolero 23.

El Estado adjudicó dicho campo al consorcio de la Compañía General de Combustibles y la Petrolera Argentina San Jorge, en julio de 1996, al final del gobierno de Sixto Durán-Ballén.

Los sarayakus se opusieron constantemente, a tal punto que la contratista tuvo que detener sus trabajos entre 1999 y 2002. Esos años coinciden con parte de la presidencia de Jamil Mahuad y de Gustavo Noboa.

En febrero del 2003, el consorcio suspendió definitivamente sus actividades por motivos de “fuerza mayor”, recoge el dictamen de la CorteIDH. Entonces regía la administración de Lucio Gutiérrez.

En julio del 2009, el Estado inició el proceso para finalizar el acuerdo, lo cual se concretó en noviembre del 2010, durante el gobierno de Rafael Correa.

El régimen actual ha tenido que indemnizar a algunas víctimas identificadas por la CorteIDH por hechos ocurridos antes del 2007, que fue cuando Correa asumió el poder.

En consecuencia, la Procuraduría patrocina demandas de repetición en dos casos, este y el del cese de jueces de la Corte de Justicia y del Tribunal Constitucional, ocurrido en el 2004. Y alista otras.