El gobierno impulsa desde hace dos años el reemplazo de los actuales contratos de participación por acuerdos de prestación de servicios con lo que espera obtener mayores ingresos para las arcas fiscales.

Quito. El gobierno de Ecuador envió el viernes a la Asamblea un proyecto reformatorio a la Ley de Hidrocarburos con el que pretende asegurarse el 25% de los ingresos brutos de la actividad extractiva de crudo y modificar los contratos con las firmadas privadas.

El socio más pequeño de la OPEP, que ejerce la presidencia rotativa del grupo, impulsa desde hace dos años el reemplazo de los actuales contratos de participación por acuerdos de prestación de servicios con lo que espera obtener mayores ingresos para las arcas fiscales.

Las tratativas, sin embargo, han tenido demoras a la espera de un marco legal que se ajuste a los requerimientos del país andino y fije los lineamientos de los nuevos contratos.

"De los ingresos provenientes de la producción correspondiente al área objeto del contrato, el Estado ecuatoriano se reserva el 25 por ciento de los ingresos brutos como margen de soberanía", dice la propuesta del gobierno en un párrafo del art.7.

"Del valor remanente, se cubrirán los costos de transporte y comercialización en que incurra el Estado. Una vez realizadas estas deducciones, se cubrirá la tarifa por servicios prestados", concluye.

El gobierno además sugiere en el texto la creación de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero y la Secretaría de Hidrocarburos que se encargarán de regular la actividad petrolera en el país.

El proyecto llegó a la Asamblea el con el carácter "Urgente" por lo que tendrá únicamente 30 días para ser aprobado o reformado, caso contrario la propuesta se convertiría en Ley inmediatamente.

En Ecuador operan algunas de las principales petroleras activas en la región, como la española Repsol, la brasileña Petrobras, el consorcio chino Andes Petroleum y la italiana Eni.

Ecuador produce un promedio de 470.000 barriles de crudo por día de los cuales un 56% es extraído por las empresas públicas como EP Petroecuador, Petroamazonas EP y Río Napo en asociación con Pdvsa.

El restante 44%, aproximadamente, es el aporte de las firmas privadas que operan en el país.