El país andino, cuya producción minera actual es muy artesanal, desarrolla cinco grandes proyectos de cobre, oro y plata, de los cuales uno está en manos de la estatal ecuatoriana Enami.

Ecuador proyecta una inversión de más de US$1.600 millones en los próximos dos años para arrancar con la producción de sus proyectos mineros en el 2018, cuando espera una recuperación del precio de los minerales, dijo este lunes el Ministro de Minería, Javier Córdova.

El país andino, cuya producción minera actual es muy artesanal, desarrolla cinco grandes proyectos de cobre, oro y plata, de los cuales uno está en manos de la estatal ecuatoriana Enami en sociedad con la chilena Codelco y el resto en operación de empresas extranjeras privadas.

"El próximo año es importante porque requerirá de una inversión muy fuerte (...) El país podría superar en minería los 600 millones de dólares y en el 2017 tendríamos una inversión que superará los US$1.000 millones", dijo Córdova a Reuters.

La inversión será principalmente en los proyectos de cobre Mirador -desarrollado por la empresa de capital chino Ecuacorriente- y Fruta del Norte de oro y plata, en manos de la firma sueco-canadiense Lundin, los cuales se encuentran en fase de explotación y evaluación económica, respectivamente.

El funcionario aclaró que pese a la caída de los precios del oro y el cobre en los mercados mundiales de materias primas, es un "momento oportuno" para invertir en Ecuador, que ha realizado una serie de cambios legales para dar viabilidad económica a los proyectos.

Ese es el caso de Codelco, que pese a que se ha visto afectada por la caída del precio del cobre, prevé una inversión de unos US$10 millones el próximo año para las tareas de exploración en el proyecto Llurimagua para producir el metal rojo, detalló.

"Se estima que el 2018 sea un año de recuperación de precios y sería justo cuando nuestros proyectos entran en producción", agregó Córdova. "Las empresas lo ven igual y por eso hay optimismo".

El marco legal del sector ha estancado el desarrollo de los yacimientos. Pero en el último año las autoridades han modificado varias reglas que apuntan a una mayor seguridad jurídica y facilidades para reducir costos operativos.