El impuesto busca financiar cambios de la matriz energética. Con los precios actuales y los volúmenes de ventas de los 12 países de la canasta de la OPEP, aproximaría los US$ 40.000 millones al año.

Tras su arribo a Quito, a las 00:20 (hora local) minutos de este miércoles, el presidente ecuatoriano Rafael Correa brindó una rueda de prensa para resumir su participación en la tercera cumbre de América del Sur con los países árabes (Aspa) en la que explicó que haber difundido en la cita la iniciativa Yasuní ITT fue "presentar algo diferente".

"Es una cuestión de poder", dijo al referirse a la realidad de impago de los servicios ambientales, que son producidos por la naturaleza en países en desarrollo, como Ecuador. "Si ellos (los paises egemónicos y grandes consumidores de recursos) produjeran bienes ambientales y nosotros consumiéramos, hace rato nos hubieran hecho pagarles", reflexionó.

Rafael Correa opinó esta madrugada que la razón de no pago por los bienes ambientales -y por ejemplo el pago por otros abstractos como el conocimiento, mediante patentes- responde a "barreras puestas por el norte para consumir los bienes que producimos".

La OPEP, cuando se creo en los sesentas para hacer subir el precio del petróleo en beneficios de los productores y redistribuir el ingreso a escala global, reseñó el presidente de este país, sin embargo, en materia medioambiental, "la OPEP puede hacer mucho más, fue lo que propusimos en el Aspa".

Ecuador, de hecho, propone crear un impuesto a los consumidores de petróleo, del 5%, que con los precios actuales y los volúmenes de ventas de los 12 países de la canasta de la OPEP, aproximaría los US$ 40.000 millones al año. Esta recaudación debiera revertirse sobre los países que sufren el cambio climático y ayudar a iniciativas como Yasuni, es decir, acciones que conviertan a los países de extractivistas en proveedores de servicios.