La acusación del Departamento de Justicia fue presentada en una corte federal en Houston, y hecha pública después de que España extraditó a César Rincón, uno de los ex funcionarios que se desempeñó como gerente general de una unidad de Pdvsa.

Houston. Fiscales de Estados Unidos anunciaron este lunes cargos contra cinco exfuncionarios venezolanos acusados de pedir sobornos a cambio de ayudar a proveedores a obtener un tratamiento favorable de la petrolera estatal PDVSA, en el caso más reciente derivado de una investigación sobre corrupción.

La acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos fue presentada en una corte federal en Houston, Texas, y fue hecha pública después de que España extraditó el viernes a César Rincón, uno de los exfuncionarios que se desempeñó como gerente general de Bariven, la unidad de PDVSA a cargo de la compra de insumos.

Entre los otros acusados figuran Nervis Villalobos, exviceministro de Energía de Venezuela; Rafael Reiter, exjefe de seguridad y prevención de pérdidas de PDVSA; y Luis Carlos de León, exfuncionario de la compañía eléctrica estatal.

Rincón, Villalobos, Reiter y De León fueron arrestados en octubre en España por solicitud de las autoridades de Estados Unidos, en medio de una investigación internacional sobre sobornos en Petróleos de Venezuela SA (PDVSA).

De León, Villalobos y Reiter permanecen bajo custodia en España. La acusación también menciona a Alejandro Istúriz Chiesa, un exasistente del presidente de Bariven y quien permanece prófugo.

Los cinco enfrentan cargos de conspiración y lavado de dinero. De León y Villalobos fueron acusados además de conspirar para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por su sigla en inglés).

Fred Schwartz, abogado de Rincón, dijo que espera que su cliente se declare no culpable en una audiencia el 6 de marzo. No fue posible identificar inmediatamente a los abogados de los otros acusados.

El caso se deriva de una investigación en Estados Unidos sobre lo que fiscales han llamado una trama de sobornos de US$1.000 millones que involucró pagos a funcionarios de PDVSA y que se hizo pública con el arresto de dos empresarios en 2015.

La acusación anunciada el lunes dice que desde 2011 a 2013, los cinco venezolanos pidieron sobornos y coimas a proveedores a cambio de ayudarlos a conseguir contratos de PDVSA y tener prioridad sobre sus competidores en el pago de facturas pendientes durante su crisis de liquidez.