En la región todavía hay casi 34 millones de personas sin acceso a fuentes mejoradas de agua y más de 106 millones carecen de instalaciones mejoradas de saneamiento.

En la última década varios países de América Latina y el Caribe han promulgado nuevas leyes de aguas o reformado las existentes. Sin embargo, preocupa la falta de eficacia o inoperancia de muchos de los preceptos legales aprobados, dijo Ricardo Sánchez, Oficial a Cargo de la División de Recursos Naturales e Infraestructura de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), durante un evento realizado el martes 14 de julio en Santiago, Chile.

Sánchez inauguró, a nombre de la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, una reunión de expertos dedicada a la formulación de políticas de agua en el contexto de la agenda de desarrollo post-2015, que reunió a autoridades de gobierno y expertos de diversos países de la región, como Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Honduras, México, Paraguay, Perú y Uruguay.

Pese a la gran expansión del acceso al agua potable y saneamiento en América Latina y el Caribe, la región enfrenta diversos desafíos relacionados con la gestión de este recurso, entre ellos, la calidad de los servicios, el agotamiento de las fuentes, la contaminación de las cuencas y los efectos del cambio climático, explicó el alto funcionario.

Según datos oficiales, en los últimos 25 años la cobertura de agua potable pasó de 85% a casi 95%, mientras que el servicio de saneamiento subió de 67% a 83%. Sin embargo, en la región todavía hay casi 34 millones de personas sin acceso a fuentes mejoradas de agua y más de 106 millones carecen de instalaciones mejoradas de saneamiento, indicó.

Entre los países que han logrado promulgar nuevas leyes de aguas o reformar las existentes figuran Ecuador, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Perú, Venezuela y varias provincias de Argentina. Otros están en ese camino, como Chile, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, México y República Dominicana.

No obstante, muchas de las leyes de agua “se quedan en meras declaraciones”, sin traducirse en la organización efectiva de los aparatos estatales, en la redacción de los planes hidrológicos o en la puesta en marcha de los principios de gestión, indicó Ricardo Sánchez.

La seguridad hídrica –entendida como el manejo de los riesgos en las distintas áreas que dependen de la gestión del agua- fue uno de los principales temas analizados durante la reunión, al igual que los conflictos socioambientales relacionados con este recurso, los cuales se han incrementado considerablemente en los últimos años.

“Hemos sostenido durante mucho tiempo que la gestión del agua es equivalente a la gestión de conflictos entre seres humanos y de estos con el entorno”, dijo Sánchez, quien recordó que en este momento se está discutiendo la agenda para el desarrollo después de 2015 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

El ODS relativo a los recursos hídricos plantea “garantizar la disponibilidad de agua y su ordenación sostenible y el saneamiento para todos”, explicó el funcionario de la CEPAL. Las seis metas asociadas, agregó, establecen el acceso universal y equitativo al agua potable y al saneamiento, el mejoramiento de la calidad del agua, la utilización eficiente de los recursos, la ordenación integrada de los recursos hídricos, y la protección y restablecimiento de los ecosistemas relacionados con el agua.