A través de la Comisión de Reforma Agraria, la Cámara de Diputados elaboró una iniciativa basada en ocho ejes, que, entre otras materias, plantea la necesidad de modificar la Ley de Aguas Nacionales y propone la creación de un banco de alimentos.

Excelsior.com.mx. La reforma al campo será el próximo debate en el Congreso de la Unión, después de que terminó el proceso legislativo de la Reforma Energética.

A través de la Comisión de Reforma Agraria, la Cámara de Diputados elaboró una iniciativa basada en ocho ejes para simplificar las leyes y reglamentos que desburocraticen y ordenen el desarrollo del campo, para crear un banco de alimentos, impulsar la productividad del minifundio y desarrollar un sistema nacional de agroparques, entre otras propuestas.

El documento que se presentará en el próximo periodo ordinario de sesiones, en septiembre, pretende cambios en la Ley de Aguas Nacionales, para que excluya de la veda a los acuíferos destinados a los sistemas de riego o que puedan ser susceptibles de destinarse a un nuevo sistema de riego.

También se buscará la creación de un banco nacional de alimentos que actuará, “al igual que los bancos nacionales, como instituciones de control para garantizar la estabilidad en los precios de los principales productos alimenticios”, expone la propuesta.

La reserva nacional adquirirá un determinado producto nacional cuando exista sobreoferta y lo venderá cuando haya escasez.

También se pretende establecer la responsabilidad del Estado para garantizar el abasto de semillas mejoradas.

Otro de los ejes propone eliminar los subsidios a la banca comercial en los créditos dirigidos al productor. “En su lugar se establecerá el Subsidio Directo a la Tasa de Interés de manera que el solicitante nunca pague más interés que el costo del dinero”.

Reportan lista la reforma al campo. Con el propósito de reestructurar y simplificar las leyes y reglamentos para desburocratizar y ordenar funcionalmente el desarrollo del campo, crear un banco de alimentos, la productividad del minifundio y un sistema nacional de agroparques, entre otras propuestas, la Cámara de Diputados elaboró una iniciativa de reforma a través de la Comisión de Reforma Agraria.

El documento —a presentarse en el próximo periodo de sesiones, a iniciar en septiembre— plantea la necesidad de modificar la Ley de Aguas Nacionales, a fin de que excluya de la veda a aquellos acuíferos destinados a los sistemas de riego o que puedan ser susceptibles de destinarse a un nuevo sistema de riego.

Lo anterior bajo el argumento de que está demostrado que el agua que se utiliza en la agricultura contribuye a fortalecer el ciclo del agua y a retenerla en la biosfera donde se riega, por lo que su uso sirve para preservar dichas fuentes.

Un segundo eje de la propuesta suscrita por los integrantes de la Comisión de Reforma Agraria que preside la diputada del PRD, Gisela Mota Ocampo, es el impulso de la productividad del minifundio, el agroclúster (asociación de productores para hacer rentable una producción) y un sistema nacional de agroparques.

En este caso se habla de establecer un programa nacional de desarrollo de la agricultura de baja escala, basada en la producción de alimentos orgánicos, de alta intensidad y de la agricultura protegida.

Se plantea además la puesta en marcha de un programa nacional de extensionistas rurales dirigido al minifundio en donde cada ejido cuente con su técnico responsable de manera dedicada y pagado por el Estado mexicano.

Los diputados consideran que con tres mil extensionistas se podría dar atención a la totalidad de los ejidos del país a razón de un extensionista por cada 10 ejidos.

El tercer eje de la propuesta pretende un reordenamiento de los mercados para lograr un balance entre la oferta y la demanda, así como lo que denominan “precios justos” mediante un tablero de control para el comercio internacional.

En este apartado se introduce la idea de una reserva nacional de alimentos o banco nacional de alimentos, como institución de control de los precios, para la adquisición de producto nacional cuando exista sobreoferta y a la venta cuando haya escasez.

“Los bancos de alimentos son una realidad en el mundo; actúan, al igual que los bancos nacionales, como instituciones de control para garantizar la estabilidad en los precios de los principales productos alimenticios, toda vez que las fluctuaciones mundiales han provocado, incluso, riesgos a la seguridad nacional de los países afectados”, se argumenta en la propuesta.

“Esta institución compraría los excedentes cuando, como por ejemplo el año pasado, tuvimos producción récord de maíz, de manera que los precios no cayeran como ocurrió en este caso y podría ofertarlos cuando por las temporadas y los ciclos de producción aumenta su demanda. De esta manera, la institución propuesta actúa tal y como el Banco de México al retirar moneda nacional del mercado y otras monedas y ofertarlas a fin de garantizar la estabilidad de los precios”, se explica.

El cuarto eje es sobre financiamiento especializado y desarrollo de los esquemas de aseguramiento, con el propósito de eliminar los subsidios a la banca comercial en los créditos dirigidos al productor.

“En su lugar proponemos establecer el Subsidio Directo a la Tasa de Interés de manera que el solicitante nunca pague más interés que el costo del dinero”, asevera el documento.

Un quinto eje pretende la optimización del uso del agua, la producción de fertilizantes y equipamiento del sector agroalimentario.

Se plantea que las áreas técnico administrativas encargadas en Conagua de los distritos de riego y pequeñas obras de irrigación deben pasar a Sagarpa.

“El Estado debe ser quien produzca y provea los fertilizantes. Al igual que en el caso de las semillas, comprometer el abastecimiento de los fertilizantes y los agroquímicos compromete la seguridad y la soberanía nacional. Por lo mismo, debe ser el Estado quien provea los fertilizantes en el país”, alegan los diputados.

En un sexto eje plantean la necesidad de un “extensionismo holístico” y de innovación y desarrollo tecnológico.

Con lo anterior se refieren a que la asistencia técnica al campo sea oficial, a tiempo completo, territorial y con una vinculación directa institucional con la academia.

“Cada extensionista debe ser al mismo tiempo un técnico investigador en la institución académica que lo formó. Debe ser pagado por el Estado y no por contrato libre con el productor. Debe tener bajo su responsabilidad la asistencia a los productores de un territorio delimitado”, se indica.

En cuanto al eje siete, relativo a sanidad, inocuidad, biotecnología y semillas mejoradas, se habla de establecer institucionalmente la responsabilidad del Estado para garantizar el abasto de semilla mejorada.

Y finalmente el eje ocho se refiere al impacto social de la Reforma al Campo y hace referencia a la necesidad de una auditoría social del sector, a fin de evaluar y posteriormente definir “desde lo local, el diseño y el impacto de las políticas públicas y los programas”.