Colombia quiere romper su récord de producción petrolera. Aunque el gobierno no pierde la esperanza de lograrlo para Navidad, vientos cruzados podrían retardar la llegada del trineo.

“Ojalá que éste sea el regalo de nuestro sector, porque un millón de barriles de petróleo es un millón de barriles de recursos para la prosperidad y la inversión social”, dijo el ministro colombiano de Minas y Energía, Mauricio Cárdenas. “Será un día muy importante para Colombia, ojalá el presidente pueda hacer ese anuncio cerca de la navidad”.

Colombia, que espera un crecimiento de al menos cinco puntos este año, viene aumentando sostenidamente su producción de crudo y hoy es el cuarto productor de la región después de Venezuela, México y Brasil. Hace sólo cinco años sacaba 550.000 barriles diarios; en octubre alcanzó los 939.895. Los 12 pozos exploratorios de 2006 este año serán 130. Y de exportar US$ 6.328 millones en petróleo y derivados en 2006, pasó a US$ 20.068 millones en los primeros nueve meses de 2011, según cifras del Departamento Nacional de Estadísticas.

ste auge se puede atribuir, en parte, a las mejores condiciones de seguridad logradas en el gobierno de Álvaro Uribe, que logró atraer inversión extranjera directa al sector. Sin embargo, el camino para llegar al millón de barriles está amenazado por dos grandes obstáculos: el recrudecimiento de las acciones guerrilleras y, quizá más grave, el conflicto que enfrenta a empresarios y sindicatos.

En junio cuatro ciudadanos chinos de la británica Emerald Energy fueron secuestrados en el departamento del Caquetá, al sur oriente del país, y a la fecha se desconoce su paradero. A esto se suma el plagio de 31 trabajadores petroleros, en tres diferentes hechos, y liberados en su gran mayoría por presión del ejército; 19 atentados a la infraestructura; 26 camiones y tractomulas de transporte de petróleo quemados y un helicóptero de la argentina Pluspetrol incinerado.

Más batallones. “Hay que reconocer con tristeza que eso sí tiene impacto, porque cualquier inversionista del exterior tiene en cuenta este elemento en su decisión”, dice Hernando Barrero, presidente de la Asociación Colombiana de Ingenieros del Petróleo, Acipet. 

El crecimiento del sector ha hecho que la actividad petrolera se extienda a nuevas zonas, muchas de ellas remotas. Según Barrero las fuerzas de orden no han crecido al mismo ritmo. Pero el gobierno insiste que sí ha tomado medidas. “Colombia está en condiciones de garantizar la seguridad”, dice el ministro Cárdenas. “Ése no es un impedimento, no es un factor que genera condiciones para que las empresas se vayan o dejen de llegar”.

Para Alejandro Martínez, presidente del gremio Asociación Colombiana de Petróleo (ACP), el no pago de extorsiones y la urgencia de visibilidad de las FARC están motivando las acciones terroristas. “No es que haya una consideración ideológica en contra de la inversión extranjera, es la necesidad de mostrar que todavía tienen presencia”, dice.

El más reciente campanazo lo dio a mediados de noviembre Emerald Energy, subsidiaria de la china Sinochem, cuando anunció, sin dar detalles, el cierre de su campo Capella, situado en el Caquetá y con una producción de 4.000 bpd, por razones de seguridad. Los mandos militares reaccionaron con indignación.
“La seguridad no se puede utilizar de escudo para no cumplir con los convenios que se hayan hecho con las diferentes instituciones”, afirmó el general Fabricio Cabrera, comandante de la Brigada 12. “Nosotros sí hemos garantizado la salida del crudo”. 

El gobierno advirtió que expulsará a las multinacionales que cedan a las extorsiones, y ajustó su estrategia de defensa en el sector, que incluye en los próximos dos años la creación de seis batallones para la protección de infraestructura minera y energética. “Lo más importante es ganar espacios de coordinación, que están desde el nivel más alto hasta el terreno, en donde la fuerza pública pueda acompañar los planes de las firmas petroleras”, dice el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, poniendo énfasis en que existen compañías que por años han sido exitosas en su labor con las tropas del Estado. 

La idea además es que las petroleras inviertan en nuevas tecnologías y mecanismos para la vigilancia de sus campos e infraestructura y mejoren las relaciones con las comunidades, para dar estabilidad a las regiones.

Protestas a la carta. Precisamente aquí radica el otro gran reto que deben afrontar las petroleras. Varias de las comunidades por donde pasan los camiones cargados de crudo ya han manifestado su disconformidad ante el deterioro de las vías. Informes de la Contraloría General de la República e investigaciones del Viceministerio del Medio Ambiente indican que en los últimos tres años Ecopetrol derramó más de 15.000 barriles de petróleo en distintas partes del país, provocando serios daños medioambientales.
Pero más grave aún, en términos políticos de corto plazo, son los enfrentamientos entre empresas y trabajadores que se han sucedido en el último tiempo.

La canadiense Pacific Rubiales, cuyas operaciones al oriente del país representan el 25% de la producción petrolera de Colombia, ha debido enfrentar una fuerte conflictividad con los sindicatos. Las manifestaciones, en un inicio pacíficas, han desembocado en guerras campales que han obligado a la multinacional, en al menos dos veces este año, a la suspensión de sus operaciones.

Las protestas también se han extendido en contra de Petrominerales, Petrobras y Ecopetrol, que a mediados de noviembre tuvo que recurrir a la fuerza pública para el ingreso de los trabajadores a la refinería de Barrancabermeja, al norte del país, después de que la huelga se convirtiera en disturbios que dejaron 15 heridos.

Los petroleros aseguran que el fondo de las protestas es una carrera de los diferentes sindicatos para ganar afiliados en un sector que están ganando visibilidad y realizando grandes inversiones. Han pedido judicializar a quienes convierten las huelgas en desórdenes. Rodolfo Vecino, presidente de la Unión Sindical Obrera, USO, niega estas afirmaciones y denuncia que existe una campaña de desprestigio contra su organización para desviar el debate sobre las reivindicaciones laborales, salariales y de condiciones de trabajo. 

“No estamos de acuerdo con la violencia, pero tampoco con la violencia contra los trabajadores”, dice denunciando atropellos de las autoridades del orden durante las protestas.

Vecino afirma que el gobierno tomó posición a favor de la industria y que Pacific Rubiales está obligando a sus trabajadores a renunciar a la USO para afiliarse a la Unión de Trabajadores de la Industria Energética Nacional y de Servicios Públicos Domiciliarios (UTEN), considerada por ellos como patronal.
“Esta locomotora tiene que irrigar prosperidad y, en primer lugar, darles condiciones a los trabajadores y a sus familias”, enfatizó el ministro Cárdenas. “Queremos que esas condiciones vayan mejorando, pero como proceso de un diálogo democrático y no por la vías de hecho”.

Según la ACP, los paros le han costado a la industria entre 40.000 y 50.000 barriles frente a lo que estaba presupuestado. Pese al panorama, Martínez, presidente del organismo, confía en que antes de las 12 campanadas de fin de año Colombia supere el hito del millón de barriles y siga a este ritmo hasta superar 1,2 millón en 2015.