Es lo que indica la conclusión de una investigación de Contraloría del país sudamericano que revisó más de 56 millones de facturas.

Hace un año la Superintendencia de Servicios Públicos Intervino Electricaribe, y se conocieron los resultados finales de la investigación de la Contraloría General de la República sobre los perjuicios que dejó el mal manejo de esta empresa.

De acuerdo con la Contraloría, Electricaribe representó un daño patrimonial de $216.894 millones (US$72,2 millones) al hacer uso indebido de recursos, que se le giraron para subsidiar a los usuarios con menores ingresos de la región.

Se trata del resultado final de una investigación que revisó más de 56 millones de facturas, y que en 48 millones se dio esta irregularidad.

De esta manera se encontró que usuarios de estratos bajos de 183 municipios de la Costa Caribe no recibieron en sus facturas descuentos por $216.894 millones (US$72,2 millones)  a que tenían derecho, al aplicarles el subsidio que les otorga el Fondo de Energía Social (FOES).

Atlántico (con $58.466 millones o US$19,4 millones), Córdoba ($44.155 millones o US$14,7 millones), Bolívar ($41.659 millones o US$13,8 millones) y Magdalena ($21.317 millones o US$7,1 millones) fueron los departamentos más afectados”.

Por municipios, “las mayores irregularidades en la distribución de los subsidios se dan en Barranquilla ($30.308 millones), Cartagena ($19.046 millones), Lorica ($10.683 millones), Santa Marta ($8.203 millones), Maicao ($7.935 millones), Valledupar ($2.602 millones) y San Onofre ($2.453 millones)”, señalo la Contraloría.

Cabe recordar que en marzo de 2017 la Superintendencia ordenó la liquidación de Electricaribe argumentando que la compañía no está en condiciones de prestar el servicio de energía con la calidad y continuidad que se requieren para asegurar el bienestar de la población de la costa colombiana.