Rurelec dijo este jueves que inició un proceso de arbitraje contra el gobierno de Bolivia por la nacionalización de sus activos, aunque se mostró confiada en lograr un acuerdo.
Londres/La Paz. La empresa británica Rurelec dijo este juevesque inició un proceso de arbitraje contra el gobierno de Bolivia por lanacionalización de sus activos en ese país, aunque se mostró confiadaen lograr un acuerdo.
"Hemos iniciado el procesoformal de arbitraje para reducir los plazos generales, en caso de quese requiera un acuerdo supervisado internacionalmente", dijo eldirector gerente de Rurelec, Peter Earl, en un comunicado.
Sinembargo, el director general de Defensa Jurisdiccional y Arbitraje delministerio de Defensa Legal del Estado de Bolivia, Danny Lopez, dijo aReuters que "hasta el momento no tenemos ninguna información oficial deque se dé inicio a ningún procedimiento".
De todos modos,Earl se mostró confiado en alcanzar un acuerdo con el gobiernoboliviano sobre la indemnización que debería recibir Rurelec antes delos seis meses de plazo para que comience el arbitraje.
El presidente boliviano, Evo Morales,nacionalizó a comienzos de mes Guaracachi, la generadora deelectricidad más grande del país, en la que Rurelec PLC tenía la mitaddel paquete accionario.
La decisión formó parte de un planmás amplio para tomar el control de la capacidad de generación deelectricidad del país andino.
Lafirma británica dijo que tiene derecho a recibir el valor de mercado desu inversión en Guaracachi, que posee activos valorados en US$70,5millones.
Pero, la semana previa, la ministra dePlanificación, Viviana Caro, había dicho que un estudio de las accionesde las cuatro firmas estatizadas establecía un precio de US$50 millones en total.
Además de Guaracachi, el 1 de mayo fueronestatizadas Corani, controlada en un 50% por la francesa GDFSuez y la local Valle Hermoso, del holding empresarial bolivianoPanamerican Investments.
También pasó al Estado ladistribuidora Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica de Cochabamba (ELFEC),propiedad de un grupo de trabajadores y ejecutivos bolivianos.
Desdesu asunción del poder en el 2006, Morales ha revertido para el Estadoempresas de hidrocarburos, minería y telecomunicaciones.
Demandas superan más de US$1.000 millones. Boliviaenfrenta al menos cuatro demandas ante tribunales internacionales porla nacionalización de firmas extranjeras y el monto demandado alcanzalos US$1.133 millones.
La más reciente data de abril,cuando la petrolera Pan American Energy, asociada con la británica BPPlc. demandó a Bolivia ante el Centro Internacional de Arreglo deDiferencias Relativas a Inversiones (CIADI), del Banco Mundial, por lanacionalización en el 2009 de su subsidiaria.
Sin embargo, el Gobierno protestó la medida dado que Bolivia se retiró del CIADI en el 2007.
Enenero pasado, las firmas Oiltanking de Alemania y Graña y Montero dePerú demandaron a Bolivia ante la Corte Permanente de Arbitraje (CPA)de La Haya por la nacionalización de la Compañía Logística deHidrocarburos de Bolivia (CLHB).
Previa a esa presetación, las firmas adelantaron que Bolivia debería pagar US$40 millones .
Enel 2007 la telefónica italiana Euro Telecom International (ETI) demandóa Bolivia ante el CIADI por la nacionalización en el 2006 de su paqueteaccionario en la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel).
Ennoviembre del año pasado, el CIADI dio por concluído sin dictamen elproceso; pero la firma interpuso un nuevo arbitraje internacional, estavez ante un comité ad hoc de Naciones Unidas.
El holdingeuropeo pidió una compensación de US$934 millones más el pagode un "interés compuesto" del 10% aplicado sobre el monto decompensación que se establezca en el laudo arbitral.
En el2006, la firma chilena Quiborax demandó a Bolivia por US$66 millones por la anulación dos años antes de una concesión minera en elSalar de Uyuni, el depósito de litio más grande del mundo.
