La Agencia Nacional de Energía Eléctrica subastó la concesión del proyecto que fue ganado por el consorcio integrado por la china State Grid (51%) y las brasileñas Furnas (24,5%) y Eletronorte (24,5%), subsidiarias de la estatal Eletrobras.
Sao Paulo. Un consorcio entre una empresa china y dos brasileñas se adjudicó este viernes la concesión para la construcción y operación de la línea de transmisión de energía que conectará la hidroeléctrica amazónica de Belo Monte, que será la tercera más grande del mundo, con el región sureste de Brasil.
La Agencia Nacional de Energía Eléctrica (Aneel, ente regulador) subastó este viernes la concesión del proyecto que el gobierno construye en el Amazonas, que fue ganada por el consorcio integrado por la china State Grid (51%) y las brasileñas Furnas (24,5%) y Eletronorte (24,5%), subsidiarias de la estatal Eletrobras.
La subasta, realizada en la Bolsa de Valores de Sao Paulo, fue adjudicada al grupo que ofreció una menor propuesta de facturación anual por la prestación de los servicios, informó Aneel en un comunicado.
El consorcio IE Belo Monte ofreció una propuesta de remuneración de 434,6 millones de reales (unos US$182,2 millones), una ganancia 38% menor que el techo de 701 millones de reales (unos US$294,1 millones) fijado por el gobierno.
El proyecto energético, que desde su construcción en 2011 es motivo de polémica y debate entre el Gobierno y ambientalistas, tendrá una capacidad de generación promedio de 4.571 megavatios hora y alcanzará un tope de 11.233 megavatios en las épocas de máxima crecida del río Xingú, en el estado norteño de Pará.
La subasta fue disputada por tres participantes, dos consorcios y una empresa, informó el órgano regulador, que precisó que la línea deberá entrar en operación entre 44 y 46 meses después de la firma de los contratos.
Según las previsiones de Aneel, la concesionaria estará obligada a invertir 5.000 millones de reales (unos US$2.098 millones) y generará 15.476 empleos, durante 30 años de operación.
La construcción de Belo Monte, en la localidad de Altamira (Pará) se encuentra inmersa en una disputa en los tribunales, lo cual ha llevado a la paralización de sus obras en diversas ocasiones.
La controversia radica en que organizaciones de indígenas, agricultores familiares, pescadores y ecologistas reclaman por el impacto ambiental y económico por el impacto del proyecto en la Amazonas.