"Si la Jindal quiere irse de Bolivia, contractualmente ya nos debe US$600 millones y eso debería pagarnos para que nosotros le demos una carta de recomendación para su empresa", dijo el presidente de la ESM, Ricardo Cardona.
La Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM) informó que pedirá a la Jindal Steel Bolivia (JSB) una compensación de US$600 millones en caso de que decida terminar el contrato para la producción de acero. No obstante, abre la opción a una negociación con la compañía india.
El presidente de la ESM, Ricardo Cardona, dijo que si la auditoría que se realizará establece el incumplimiento de inversión de la JSB, ésta deberá pagar ese monto en caso de que quiera irse, y el Estado boliviano le otorgará una carta de recomendación.
“Claro, si la Jindal quiere irse de Bolivia, contractualmente ya nos debe US$600 millones y eso debería pagarnos para que nosotros le demos una carta de recomendación para su empresa (...) El contrato así lo dice, que ellos deberían ya haber invertido US$600 millones, y si no lo han hecho, pues ese es el dinero que le deben al Estado boliviano", dijo.
El 1 de abril se cumplió el plazo para que JSB concrete la inversión de US$600 millones comprometidos para los dos primeros años del proyecto de industrialización del Mutún.
La empresa india aseguró, el 11 de abril, haber invertido US$583,47 millones en la adquisición de dos plantas y la ejecución de obras civiles del complejo siderúrgico.
En un comunicado publicado ayer por la JSB, oficializó que el viernes envió una carta al Gobierno en la que le expresó su intención de “terminar el contrato de riesgo compartido”, porque no se le entregó las tierras saneadas comprometidas y porque hay incumplimiento para asegurar y garantizar el suministro de gas en los volúmenes requeridos para el funcionamiento del complejo siderúrgico.
El viernes, el ministro de Minería, Mario Virreira, señaló que ante la salida de la empresa india se procederá a realizar una licitación para que otra empresa ocupe su puesto. El proceso demandaría seis meses y, según la autoridad, existe interés de parte de empresas de Australia, Brasil y el Reino Unido para invertir en el país en el rubro de la siderurgia.
Causas Según la JSB, existe falta de voluntad del Gobierno para iniciar el desarrollo de infraestructura en el Mutún y hay “acciones prepotentes e ilegales” en la ejecución de sus boletas de garantía por US$36 millones, que ha dado lugar a un arbitraje internacional en la Corte Internacional de París.
La empresa india espera que en el plazo de 30 días, según el contrato suscrito con la ESM el 18 de julio de 2007, “se pueda alcanzar algún acuerdo con el Gobierno o proceder a la resolución del mismo”.
“En caso de que durante este plazo de tiempo el Gobierno de Bolivia nos llegara a aclarar e informar la cantidad real de gas que nos puede proveer y además aceptar la reconfiguración de las capacidades e inversión de las plantas con una adenda al contrato de riesgo compartido, Jindal Steel & Power Limited podría considerar continuar invirtiendo en Bolivia”, condicionó la compañía.
El presidente de la ESM expresó su predisposición de negociar las demandas expuestas por la firma india. “Que nos digan en qué términos quieren renegociar y si quieren gas les damos gas (...), y si quieren producir menos les aceptamos menor inversión. La cosa es que produzcan acero hasta 2015”, afirmó.
El procurador general del Estado, Hugo Montero, informó ayer que coordina junto con el Gobierno las acciones legales preventivas ante una eventual controversia con la Jindal Steel and Power Limited (JSPL), que anunció retirarse del proyecto siderúrgico del Mutún en Santa Cruz.
Buscarán solución amigable. El presidente de la ESM, Ricardo Cardona, dijo que si la JSB desea irse se buscará una “salida pacífica”, que consiste en una negociación que contempla la realización de una auditoría.
Según Cardona, la licitación para elegir a otra empresa demoraría tres meses y en dos años adicionales ya estaría instalada la planta en el Mutún.
La JSB pidió a YPFB la provisión de 4,5 millones de metros cúbicos diarios (MMmcd) desde 2014, pero YPFB planteó la provisión de 2,5 MMmcd, cuyo aspecto fue ratificado ayer por Cardona.
Santa Cruz pide competencia en área minera. Tras conocer la intención de rescindir el contrato por parte de la empresa india Jindal, la Gobernación cruceña y la bancada de oposición de Diputados sugirieron la transferencia de competencias a su departamento para tener autoridad sobre la explotación en la región.
“No tenemos ninguna competencia para la explotación de los recursos naturales no renovables, esta figura debe cambiar para generar un mejor desarrollo desde las regiones, siendo que hasta ahora el Gobierno ha demostrado que es un mal administrador de los proyectos”, dijo el delegado de Minería de la Gobernación, Hugo Sosa.
En la misma línea, el asambleísta departamental cruceño Óscar Ortiz ratificó el pedido del gobernador Rubén Costas referido a la administración del proyecto. “Si el Gobierno Nacional no tiene la capacidad de administrar este proyecto, en lugar de perjudicar a Santa Cruz y al país, que se lo entregue al departamento”, expresó.
En tanto, el representante de la bancada de oposición de la Cámara de Diputados, Luis Felipe Dorado, recordó que desde 2007 el proyecto fue inaugurado en seis o siete ocasiones y la “caída” del mismo implica seis años de pérdida económica para Puerto Suárez, Santa Cruz y el país.
“Son 30 días que tiene el Gobierno para aceptar, rechazar o arreglar el problema. No se sabe qué va a suceder. Hay que ver la posición del ministro Virreira para que declare y diga si va a haber otra empresa, nos va a tener perjudicados tres años más”, dijo.
La salida de Jindal del país fue calificada por Ortiz y Dorado como un “fracaso” del actual Gobierno, ya que se trataba de un proyecto que debía plasmar la industrialización y generación de un nuevo polo de desarrollo. “Se viene trabajando en un proyecto de ley para que se transfiera la competencia de la explotación minera a los departamentos”, anticipó Sosa.
