La inversión estimada alcanza unos US$3.200 millones y su potencia fortalecería al sistema eléctrico chileno, cada vez más debilitado por una demanda creciente y una oferta restringida y cara por el uso intensivo de fuentes como diesel, carbón y gas, que Chile no produce.

Santiago de Chile. Unas últimas tensas horas de espera viven este lunes los impulsores y detractores del megaproyecto energético Hidroaysén, en la víspera de que el gobierno chileno resuelva si da el vamos a la millonaria iniciativa o le pone una lápida definitiva.

Y es que tras un largo período de dilatación, este martes se reunirá por fin el comité de ministros, integrado por los jefes de las carteras del Medio Ambiente, Agricultura, Economía, Minería, Salud y Energía, para resolver sobre 35 reclamaciones presentadas en torno al proyecto.

De su aceptación o rechazo depende la sobrevida de la idea impulsada desde 2007 por Endesa Chile, filial de su homónima española y la generadora local Colbún, para crear un complejo de cinco centrales hidroeléctricas en los ríos Baker y Pascua, en la austral región de Aysén, para producir unos 2.750 megavatios de electricidad.

La inversión estimada alcanza a unos US$3.200 millones y su potencia fortalecería al sistema eléctrico chileno, cada vez más debilitado por una demanda creciente y una oferta restringida y cara por el uso intensivo de fuentes como diesel, carbón y gas, que Chile no produce.

Pero esos argumentos no convencen a los opositores al proyecto, representados por grupos ambientalistas y comunidades de la zona involucrada, que rechazan lo que ellos consideran una "intervención destructiva" en una de las pocas regiones chilenas que aún mantiene sus imponentes atributos naturales en estado casi virgen.

"En estos momentos estamos expectantes, pero hay que ver cabalmente, letra por letra, cómo resuelve el comité de ministros", declaró a medios locales el dirigente ecologista Juan Pablo Orrego, coordinador del Consejo de Defensa de la Patagonia.

El eventual rechazo al proyecto implicaría invalidar la Resolución de Calificación Ambiental, dictada en 2011 y ratificada ese mismo año por las cortes de Apelaciones y Suprema, que administrativamente dio el vamos al proyecto.

Una decisión compleja que la anterior administración del presidente Sebastián Piñera optó por no adoptar, ya que con una tardanza de casi tres años, a fines de enero pasado, el entonces comité de ministros encargado de zanjar el tema decidió encargar nuevos estudios sobre el proyecto.

Las empresas impulsoras de Hidroaysén objetaron la determinación de los ministros, calificándola de "extemporánea y dilatoria".

El gobierno de Michelle Bachelet, que asumió el 11 de marzo pasado, hizo lo propio y determinó que el proyecto y los respectivos reclamos serían nuevamente sometidos a veredicto.

Por lo pronto, ni Endesa ni Colbún se han pronunciado abiertamente sobre el tema y se han limitado a señalar que todas las autorizaciones obtenidas hasta ahora para realizar el proyecto están "al amparo de la institucionalidad vigente y conforme a los más altos estándares internacionales técnicos y ambientales".

No obstante, todo indica que esos argumentos no serían suficientes para el actual comité de ministros, ya que incluso antes de asumir el poder Bachelet anticipó que tal como estaba actualmente Hidroaysén era "un proyecto muerto".

Pero incluso en un escenario adverso, las empresas podrían recurrir nuevamente a los tribunales para revertir un rechazo del gobierno a Hidroaysén.

Ello, siempre y cuando las compañías decidan seguir dando una batalla que ya se ha prolongado demasiado y con un resultado a estas alturas totalmente incierto.