Los especuladores están acumulando permisos para suministrar energía a la red, los cuales se conceden a cambio de un depósito financiero y de someterse a unos controles muy laxos sobre cualquier proyecto o intención de construir plantas energéticas.
Madrid. Las autoridades españolas temen que una fiebre especulativa amenace con frenar el desarrollo de las energías renovables, alegando que los codiciados derechos de conexión a la red eléctrica nacional están siendo adquiridos con el único objetivo de revenderlos después con fines lucrativos.
España tiene previsto aumentar su producción de energía solar y eólica y eliminar gradualmente las centrales nucleares y de carbón, dando alas involuntariamente a los especuladores para que se lancen en busca de los derechos de un reducido paquete de puntos de conexión a la red.
Los especuladores están acumulando permisos para suministrar energía a la red, los cuales se conceden a cambio de un depósito financiero y de someterse a unos controles muy laxos sobre cualquier proyecto o intención de construir plantas energéticas, tal y como ha advertido la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
"Ciertos promotores acaparan la escasa capacidad disponible con objeto de especular con ella, ocasionando el retraso o la paralización de instalación de proyectos viables", dijo el mes pasado la CNMC en una propuesta reguladora.
Pero los llamamientos de las autoridades reguladoras y de la industria para que se adopten medidas más estrictas no se han traducido en acciones concretas debido al estancamiento político en Madrid. Más de dos meses después de unas elecciones generales sin un claro vencedor, el Gobierno encabezado del socialista Pedro Sánchez sigue actuando en funciones.
El Ejecutivo sospecha que algunos solicitantes de permisos sin experiencia previa en la industria sólo quieren comerciar con ellos, dijo a Reuters el secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal, quien añadió que el sector necesita un decreto que incluya normas basadas en el principio de que los titulares de los permisos deben dar garantías de su intención de usarlos para el fin para el que fueron concebidos.
"Realmente la forma de regularlo tiene que ser que a aquellos que han solicitado un permiso se los obligue a cumplir unos hitos, unos avances del proyecto en unos plazos determinados, de manera que nadie pueda guardar un permiso en un cajón esperando a que venga otro a comprarlo", dijo.
Si todos los permisos solicitados hasta ahora al operador de la red, Red Eléctrica, se tradujeran en proyectos reales, España dispondría de energía renovable suficiente para abastecer a 84 millones de hogares, cuatro veces más que el número de hogares existentes en el país.
Domínguez dijo que las solicitudes masivas podrían obstaculizar el desarrollo futuro de la red, frustra los esfuerzos por mejorar la red y mantener la energía a un elevado precio para los consumidores.
Sin embargo, los muchos proyectos viables de energías renovables que ya están en marcha y con todos los trámites en orden no se verán afectados, dijo Domínguez, quien agregó que el Gobierno espera actuar antes de que surjan los problemas.
Exigir a los titulares de permisos que cumplan con plazos específicos sería un primer paso eficaz para despejar el cúmulo de solicitudes especulativas en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la norma, dijo Domínguez.
Para dar una idea del potencial de ahorro que supone el paso a las energías renovables, dijo, en España se puede producir energía eólica y solar por unos 36-40 euros por megavatio-hora. El contrato básico de suministro de electricidad de España para 2020 se está negociando a unos 56 euros por megavatio-hora.
Precios altos. La alta demanda ha multiplicado la rentabilidad de la venta de proyectos en etapa de desarrollo, aseguran ejecutivos del sector.
Tomás García, director general de proyectos solares y eólicos en España y Portugal del grupo de energías renovables BayWa r.e., dijo que los proyectos de energía solar en España están atrayendo especial atención.
Según García, existen muy pocos proyectos que estén realmente listos para su puesta en marcha, lo cual genera un atractivo que eleva mucho los precios.
Otras cuatro fuentes del sector consultadas por Reuters aseguraron bajo condición de mantenerse en el anonimato haber visto proyectos puestos en el mercado por alrededor de 100.000 euros por megavatio.
Una de esas fuentes dijo que le habían ofrecido un proyecto que estaba listo para su construcción, con todos los trámites necesarios cumplidos, por 250.000 euros por megavatio, unas seis veces más de lo que habría considerado un precio razonable antes del comienzo de la burbuja.
Oportunistas sin fondos propios se lanzan a la busca de inversores, dijo Miguel Ángel Martínez Aroca, presidente de la asociación nacional de productores de energía fotovoltaica (Anpier).
Quienes cumplen con este perfil "no van a promocionar o construir absolutamente nada, sino que se dedican a pedir puntos de evacuación, buscar terrenos y colapsar el sector y el mercado", dijo Aroca.
"Lo que hacen es, una vez gestionado el trámite básico muy básico, tan básico como una carpeta con 5 documentos, buscar a un fondo de inversión que realmente tiene la capacidad económica para ofrecerle comprar la carpeta del proyecto", explicó.
Un despliegue masivo de renovables es una prioridad en la agenda de España, en un escenario de consenso entre los líderes de la Unión Europea sobre la necesidad de llegar a un acuerdo para reducir las emisiones de carbono del bloque a cero para 2050.
