Analistas consideran que los funcionarios del Gobierno, encargados de defender los intereses colombianos, deben tener mucha profundidad sobre el tema para frenar las pretensiones de los españoles.

Colombia.  Un problema de mala prestación de un servicio por una compañía española en el mercado doméstico está pasando del tema corporativo a los estrados diplomáticos con una posible incidencia sobre la inversión ibérica en el territorio colombiano. En el caso de Gas Natural Fenosa y las pérdidas y deudas de Electricaribe de lo que se trata es de un asunto que se puede resumir a partir de la sabiduría popular: es como tener una panadería y reclamarle al Gobierno ante la presencia de ratones. La tarea del panadero es limpiar y sacar los ratones. La labor de la electrificadora era gestionar el pago de los morosos y eliminar las pérdidas. En Bogotá Codensa, con un escenario algo parecido, hizo bien su trabajo y ahora es una empresa exitosa.

Analistas consideran que los funcionarios del Gobierno, encargados de defender los intereses colombianos, deben tener mucha profundidad sobre el tema para frenar las pretensiones de los españoles. La empresa gasífera amenazó con presentar la demanda la semana próxima, en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias e Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial, solicitando unos 1.000 millones de euros por la liquidación de Electricaribe. La noticia sorprendió al ministro de Minas y Energía, Germán Arce, “por el buen tono de conversaciones” con los españoles “en el proceso de buscar una solución para los usuarios del Caribe”.

Con la decisión de liquidar a la electrificadora no se pone en riesgo la seguridad jurídica de las empresas extranjeras en el país, aclaró la embajada colombiana en España.

Si el Gobierno logra argumentar que Electricaribe no se liquida por ser extranjera sino porque cometió fallas en el servicio e incumplió una ley que existía desde antes, saldrá avante. Pero “si nos dejamos meter en el tema que esto es de seguridad jurídica y la estabilidad en la inversión, nos podemos enredar”, advierte Germán Corredor, director del observatorio de energía de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional.

Ante esta ola de incertidumbre creada por las pretensiones de los propietarios de Gas Natural Fenosa, el Estado colombiano ha desatado una ofensiva diplomática para contrarrestar las acusaciones de un mal actuar de las autoridades energéticas del país. Esa actuación podría afectar desde la inversión extranjera directa hasta las mismas relaciones empresariales de los dos países, que por años se han desarrollado en buenos términos de cordialidad. Un reciente informe de Llorente & Cuenca realizado por Juan Carlos Martínez, profesor de economía de Business School, dice que “los mercados en los que más aumentará la inversión española en 2017, son por este orden Colombia, Chile, Perú, México y Argentina, seguidos a cierta distancia por Brasil, Panamá, República Dominicana y Costa Rica”.

La presidenta de Acolgen, Ángela Montoya, destacó que el Gobierno ha actuado en estricto cumplimiento de la ley y “afianzando la institucionalidad”. Recordó que las normas españolas son muy parecidas en los procesos de intervención con liquidación. “Nosotros no podemos poner en riesgo el 25 % del país”, dijo. Según Acolgen, Electricaribe adeuda al sector de generación US$91,8 millones; sus obligaciones en Bolsa de Energía suman US$26,5 millones y por contratos  US$65,2 millones.

Voceros del sector energético advierten que el peor error que se puede cometer con la liquidación de Electricaribe es querer “departamentalizar” el servicio y que volver a las electrificadoras regionales es un pecado grave, porque hay unos mercados mejores que otros.

El ministro de Minas y Energía aclaró que el Estado no tiene interés en ser prestador directo del servicio. Arce dijo que la compañía se quebró, entre otras razones, por “mala gestión”.

El presidente de la Cámara Colombiana de la Energía, Andrés Taboada, descartó que la liquidación de Electricaribe envíe un mal mensaje a los inversionistas extranjeros. Esa “es una actuación normal” del Estado colombiano, dijo.

“Si usted llega a un país, tiene que prestar el servicio con la regulación y las normas que se exigen”, explicó Taboada.