A un año del sismo de magnitud 8,8 que afectó a Chile el 27 de febrero de 2010, sólo la mitad de los daños han sido pagados por las compañías de seguros.
Todos los días el empresario viñatero Francisco Guillmore toma el teléfono para llamar a su aseguradora y preguntar cuándo le pagarán las pérdidas que sufrió su empresa, la Viña Guillomore, con el terremoto del 27 de febrero del año pasado. “Vamos a cumplir un año sin solución”, dice. “La aseguradora se ha portado muy mal. Después de cuatro meses ofrecieron pagarme sólo un sexto de los perjuicios que fueron valorizados por un perito nuestro. Y siguen evaluando y demorando el proceso”. Como muchos viñateros, Gillmore todavía está a la espera de dineros que necesita para reconstruir parte de lo perdido tras uno de los mayores desastres de la historia de Chile y retomar la normalidad previa al terremoto. Además, de eso dependen sus resultados para 2011.
La industria vitivinícola sufrió mucho con el 27-F –como se ha llamado al terremoto–, con pérdidas por cerca de US$430 millones, según un reporte de la clasificadora de riesgo Fitch Ratings. Pero lo cierto es que nadie se salvó del siniestro. Rubros como el forestal, pesquero y casos puntuales como el brazo maderero del grupo Matte, CMPC, o la acerera Huachipato están entre las mayores víctimas. La cantidad de siniestros reportada fue monstruosa: 210.000 denuncias contra 26.000 en un año normal, con daños valorados en cerca de US$8.000 millones. Hasta el momento, las aseguradoras han pagado apenas la mitad: US$4.033 millones.
El problema de las viviendas está prácticamente resuelto. La mayoría de las denuncias (190.000) corresponden a esta área. Sin embargo, representan apenas US$1.300 millones. El trabajo pendiente es con las empresas, donde queda un saldo por gestionar de casi US$3.000 millones. Y los perjuicios por paralización de las empresas que están pendientes podrían elevarlo a US$5.000, dice el gerente técnico comercial de la aseguradora Chubb, Guillermo García.
Es lógico. Por los volúmenes, la negociación es más dura y los montos más difíciles de determinar. “Se requieren especialistas y estudios altamente calificados para cuantificar los daños”, dice el intendente de seguros, Osvaldo Macías.
El sector vitivinícola es un ejemplo. Muchos daños se concentraron dentro de bodegas de casas de adobe, material no asegurable por los altos riesgos, explica Sebastián Schneider, representante de Ruta Valle del Maule. Y los actores del sector se vieron afectados de maneras distintas. “Había seguros comprometidos por cosas como laboratorios y maquinarias dentro de construcciones sin pólizas, y eso ha hecho que viñas hasta al menos un mes atrás estuvieran peleando con las aseguradoras”, dice Schneider.
Según Fitch Ratings, cerca del 70% de los viñedos del país están localizados en áreas afectadas. El 60% de las pérdidas vienen de los 125 millones de litros de vino embotellado, a granel y de guarda que se desparramaron por el suelo, lo que equivale al 12,5% de la cosecha de 2009. A eso se suman cerca de US$ 160 millones que desembolsarán las viñas para reponer los productos perdidos y reparar la infraestructura dañada, aparte de tener que adquirir nuevas barricas.
Problema grande. “Hay siniestros muy grandes aún en proceso de liquidación”, reconoce Ignacio Barriga, gerente general de RSA, la compañía de seguros generales más grande del mercado. RSA recibió 32.000 denuncias por un valor cercano a los US$1.500 millones. La mayoría de ellas viene de viviendas (23.000). Sin embargo, representan apenas US$162 millones. El resto corresponde a las grandes empresas, muchos de cuyos procesos están pendientes.
En la negociación, en todo caso, se han buscado soluciones momentáneas, como generar pagos parciales anticipados antes de resolver la liquidación. “La mitad de lo indemnizado corresponde a esto”, dice Macías. “El objetivo es que sociedades puedan seguir operando o reconstruyendo su capacidad” dice. RSA, por ejemplo, ha entregado por esa vía entre US$500 y US$600 millones. “Eso ha significado tener un trabajo muy alineado con las empresas”, dice Barriga.
El secretario general de CMPC –una de las empresas más afectadas– Gonzalo García, dice que el principal problema ha sido determinar la cuantía de las pérdidas. Más de 25 instalaciones productivas fueron afectadas y el daño se ha avaluado en US$143 millones. La empresa ha recibido pagos por cerca de US$106 millones y tiene liquidaciones pendientes acordadas por US$8 millones. En todo caso, CMPC está satisfecha. “El proceso se ha desarrollado de manera muy seria”, dice.
Además, buena parte del retail se vio perjudicada por la pérdida de alimentos y artículos tras el sismo. Las liquidaciones de las empresas que tenían contratada la cláusula adicional, con una póliza de saqueo post catástrofe, especialmente los supermercados, aún están sin poder resolverse.
El retailer Supermercados del Sur, una de las compañías más afectadas con los saqueos, pues concentra sus operaciones en las Regiones VIII a X, logró llegar a una liquidación en noviembre. Pero “esto fue un tiempo récord para cualquier industria”, dijo su presidente, Raúl Sotomayor, hace algunas semanas a los medios de comunicación.
El drama interno. Las compañías de seguros afirman que han hecho todo de la mejor manera posible y que han respondido bien para la envergadura de la situación. Y, para ser justos, hay que darles un crédito. Mal que mal, estamos hablando de uno de los 14 mayores siniestros de la historia del mundo y el más grande en la historia de Chile en cuanto a daños registrados, dice Barriga, de RSA. “La industria ha sacado gran parte del trabajo en ocho meses, para una tarea que significa el desempeño de casi 10 años”, dice el gerente general de la Asociación de Aseguradores de Chile, Jorge Claude.
Para la industria aseguradora el tema no ha sido fácil. RSA tuvo que contratar 50 especialistas y arrendar un piso entero en su edificio para enfrentar el trabajo tras la catástrofe, que mostrará pérdidas este año, según Barriga. Muchos han tenido que cargar sus pérdidas a sus casas matrices y ahora deben pagar más caro por los reaseguros, además de renegociar las primas con sus grandes clientes.
En todo caso, a pesar de que el fenómeno dejó un costo equivalente al 15% del PIB de Chile, la solvencia de la industria de seguros local no corrió peligro, ya que las compañías están reaseguradas con firmas del exterior. Las reaseguradoras internacionales asumirán más del 99% de los daños que tenían cobertura. Sólo eso permitirá que las compañías locales muestren utilidades en 2010. Unos US$11 millones, según estimaciones de Asociación de Aseguradores.
Pero eso también provocó un sismo en la industria de reaseguros local, ya que tres de estas empresas, de larga data en Chile, determinaron salirse del mercado. Efectos que, para los actores del mercado, se seguirán sintiendo en 2011, para lo cual rezan que no haya otra catástrofe. “Cuando hay una catástrofe deben aparecer las reaseguradoras, porque no hay capacidad interna para absorber todo esto que ocurrió el año pasado”, dice Claude.
No obstante, el ejercicio actual se ve menos auspicioso, considerando que deberán pagar una prima más alta a las reaseguradoras que lo negociado antes del 27-F. En los balances influirá la manera en que este costo más alto será traspasado a los clientes, proceso que ya ha comenzado, explica Guillermo García, gerente técnico comercial de Chubb, “con alzas superiores a 50%, elevándose en algunos siniestros hasta en 150%”.
Pero, como tras toda catástrofe, muchos ya piensan en cambios a futuro. En detalles tan simples como entender mejor la infraestructura de los asegurados. “Tuvimos la desgracia de aprender que las cubas de vino no estaban hechas para resistir las fuerzas sísmicas”, dice el gerente de Control de Pérdidas de la aseguradora Chubb, Mark Lingan. “No distinguimos entre quienes tenían cubas sísmicas y los que no, por lo que valorizamos el riesgo de la misma manera. El terremoto dejará una lección para todos”.
García, de Chubb, apunta a mejorar la redacción de las cláusulas por parte de las aseguradoras para determinar una liquidación. “El perjuicio de paralización tiene una base de valorizaciones que lo hace más complejo”, dice. “Debemos ser más acuciosos y que el contrato sea lo más claro posible para que no haya interpretaciones y no se den los grises que aún estamos viendo”.
Claude propone reforzar la gestión de liquidación, una de las falencias del sistema que quedaron al descubierto tras el desastre del 27 de febrero. Y detalles como discutir si vale la pena hacer que los seguros contra sismo sean, en adelante, obligatorios para las comunidades, al igual que las coberturas contra incendio. Pero, mientras, Guillmore deberá seguir llamando a su compañía de seguros para ver cuándo puede recibir el cheque que ayudará a su empresa a retornar a la normalidad.
