Los nuevos recursos se ponen en duda por parte de ex funcionarios del sector eléctrico, quienes aducen que además de alimentar a los municipios con el incremento de los terceros rubros que constan en la planilla, ahondaría más los problemas de corrupción.

Las ciudades de la costa ecuatoriana serán las que más contribuirán a los US$56 millones adicionales que el gobierno prevé recibir tras eliminar el subsidio eléctrico de manera gradual, a partir de los 500 kilovatios hora mensuales (kW/h al mes), de acuerdo con el estudio del Consejo Nacional de Electricidad (Conelec), entidad que recomendó revisar las tarifas.

Los abonados de Guayaquil proporcionarán US$1,1 millones de ingresos más a las empresas de distribución. Para esta región no se tomó en cuenta que el consumo, ya que por el clima, siempre es mayor. Para las autoridades, con el uso de un solo acondicionador de aire una familia de clase media no debe pasar de 500 kW/h al mes.

Ese informe planteó tres alternativas. El ministro de Electricidad, Esteban Albornoz, sin embargo, anunció días atrás la de mayor impacto por ser la de más alta recaudación.

“Actualmente estos abonados representan una facturación de US$6,45 millones (y) con la aplicación del esquema tarifario el incremento se estima en US$4,71 millones al mes”, consta en el informe que sirvió de base para que el gobierno decida subir las tarifas de manera escalonada.

Según datos del Conelec, en la zona residencial hay unos 3,35 millones de abonados que consumen un promedio de 390 kW/h al mes, incluidos los sectores comercial e industrial.

El directorio del Conelec tenía previsto sesionar en la tarde de este jueves para poner en vigencia tal modificación, pero la transferencia de la central eléctrica que consume gas natural, Machala Power, al Estado, postergó para la noche el incremento de la tarifas que regirán desde el 1 de julio y que se reflejarán en las planillas de agosto.

Los nuevos recursos se ponen en duda por parte de ex funcionarios del sector eléctrico, quienes aducen que además de alimentar a los municipios con el incremento de los terceros rubros que constan en la planilla, ahondaría más los problemas de corrupción, sin solucionar el principal problema de las distribuidoras: las pérdidas negras (robo de electricidad).

El informe desglosa además el impacto que generaría en determinados usuarios. “Un abonado cuyo consumo mensual de energía es de 750 kW/h actualmente paga US$71,35 en la Empresa Eléctrica Quito y con el esquema tarifario propuesto pagaría US$79,45, un incremento del 11%. En tanto que quien consume 3.000 kW/h pasará de pagar US$291,63 a US$1.241,66, esto es un aumento del 326%”.