Antes de la medida que afectó a Monaca, la participación estatal era de un 25% del mercado. El ejecutivo acordó la expropiación para "consolidar" el proceso agrario socialista.
Hasta noviembre de 2009, el Estado controlaba -a través de la Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas (Casa)- un 25% de la producción de harina de maíz precocida. Ahora, tras el anuncio ayer de la expropiación de la transnacional Monaca, su poder en el mercado aumentó en este rubro hasta 37%.
El crecimiento en la cifra también incluye a la empresa Pronutricos, tomada en diciembre pasado como parte de los bienes del banquero detenido Ricardo Fernández Barrueco. Con esto, el Estado se acerca al mercado de Empresas Polar, que controla 59% de la producción de esta harina.
El rubro del maíz es sólo una parte de la torta que controlará el Estado tras la expropiación. En la Gaceta Oficial de ayer se establece la "adquisición forzosa" de los bienes muebles, inmuebles y bienhechurías de Molinos Nacionales (Monaca), en los que se incluye toda la infraestructura que sirve para la producción, procesamiento agroindustrial y almacenamiento de harina de trigo, harina de maíz, pasta, arroz, aceite, avena, productos del mar, adobo y especias.
El Ejecutivo sólo argumenta que la adquisición de estos bienes "resultan imprescindibles para la ejecución de la obra de consolidación de la capacidad de procesamiento socialista agroindustrial para la Venezuela del siglo XXI": el control lo llevará ahora la Corporación Venezolana Agraria.
Los números. La mexicana Gruma -propietaria de la empresa venezolana Monaca- difundió en su último informe de gestión que el volumen de ventas de Monaca hasta diciembre del año pasado fue de 459.000 toneladas, apenas 1% por debajo de los 464.000 de 2008.
El mercado venezolano era el tercero en importancia para Gruma, luego Estados Unidos y México. Incluso, Monaca inauguró a finales de 2009 una planta de harina de trigo en Maracaibo, estado Zulia, con una capacidad de procesamiento de 7.000 toneladas mensuales.
Estas inversiones las realizaron, pese a que en el informe de operaciones de Gruma se prevía que para el caso de la filial venezolana "la situación financiera pudiera ser afectada negativamente". Analizaban como amenaza la devaluación del bolívar, los controles de precio por parte del Estado, y la dificultad de sacar sus ganancias de Venezuela por las restricciones cambiarias.
Nunca se pasearon por la expropiación de sus plantas. Para la transnacional mexicana, sólo era destacable que la reelección del presidente Hugo Chávez en 2006 anticipaba "que se mantenga la incertidumbre civil y política durante el siguiente sexenio".
Relación tormentosa. El Indepabis activó a inicios de mayo un "proceso sancionatorio" contra la empresa, por supuestamente negarse a vender harina precocida. A este incidente, se suma un decomiso en marzo de cerca de 10 mil toneladas de trigo en el estado Zulia, porque la compañía los estaría almacenando en supuestas condiciones de insalubridad. Estos episodios son los últimos de una serie de fricciones con el Estado.
El golpe más fuerte los recibieron tras la espiral que desató Fernández Barrueco en 2009. El banquero era propietario de 24,14% de la empresa Valores Mundiales, una empresa española donde Gruma participa con 72,86% de las acciones.
Primero, el Indepabis dictó el 16 de diciembre "una medida preventiva de ocupación y operatividad temporal", que se extendió por 90 días. Los interventores, relata el informe de Gruma, fueron facultados para tomar decisiones administrativas y cerrar cuentas bancarias.
La empresa alegó -en un aviso de prensa publicado el 17 de diciembre, en el Diario Vea- que el banquero "nunca ha participado en el Consejo de Administración de Monaca". Así aseguraron que no tenía incidencia sobre sus decisiones operativas y administrativas.
Esta situación obligó a los mexicanos a sentarse en una mesa con el Ejecutivo, quien el 22 de diciembre de 2009 designó unos administradores especiales de los bienes de Fernández Barrueco. Monaca apeló ante tribunales, pero nunca tuvo éxito.
A estas acciones se suman otras emprendidas por el Seniat, que acusó a Monaca de cometer irregularidades fiscales entre 1998 y 1999: deberían alrededor de US$1,4 millón y otro importe de US$66,3 miles por débitos fiscales.
Y se quedaron. La toma del Estado se alargó. El pasado 16 de marzo el Indepabis decretó una extensión en la intervención por otros 90 días, de los cuales sólo habían transcurrido 30 hasta la fecha.
Esta coyuntura afectó el desempeño de la empresa. En este primer trimestre de 2010 las cuentas de Monaca cayeron casi 50%, en comparación con el último trimestre del año pasado, según datos de la compañía.
Ahora en la Gaceta Oficial se designa a la Procuraduría para que inicie el proceso de negociación y expropiación. Se encarga también a los ministerios de Agricultura, Trabajo y Planificación para ejecutar la medida.
Los voceros de Monaca no se han pronunciado, sí lo hizo Gruma en México. En un comunicado a la bolsa de valor
