Según un informe de la Contraloría General de la República (CGR), como están las cosas, el proyecto hidroléctrico tiene un valor negativo de $5,7 billones (US$1.674 millones).

Hidroituango, ubicado en el norte de Antioquia, tardaría 35 años en empezar a generar rentabilidad si el proyecto hidroeléctrico se pusiera en marcha hoy. Esa es una de la conclusiones del informe que la Contraloría General de la República (CGR) dio a conocer este viernes sobre la obra hidroléctrica más importante del país.  

Como están las cosas (sin que haya una fecha definida para que el proyecto empiece a operar), agrega el informe, Hidroituango tiene un valor negativo de $5,7 billones (US$1.673,8 millones) y no es claro cuánto tardaría en recuperarse la inversión.

En el documento de 132 páginas, se exponen varios hechos que permiten al ente de control concluir que "la gestión de la gerencia y control del proyecto de generación eléctrica Hidroituango no cumplió con los principios de eficiencia y eficacia ni con los objetivos propuestos en lo referente a resultados físicos y financieros del proyecto".

En total, la actuación especial de la Contraloría llegó a seis hallazgos: cuatro de carácter administrativo y dos con incidencia fiscal. Sobre estos últimos, el primero tiene que ver con el lucro cesante que implica la no entrada en operación del proyecto (que estaba prevista para 2018), calculado en $1,1 billones o US$323 millones (cifra que sigue creciendo todos los días mientras no entre en operación el proyecto), y el segundo, por "Ineficiencia e Ineficacia en la Gestión Fiscal - Destrucción de valor del proyecto", calculado en $2,9 billones o US$851,6 millones. 

Los hallazgos de carácter administrativo señalados "ponen al descubierto situaciones de riesgos de daño o deterioro de algunos equipos, mayores costos por almacenamiento de los que no se han podido poner en servicio, riesgos de estabilidad en algunas zonas, grietas dentro del macizo de casa de máquinas y modificaciones contractuales que vulneran el principio de planeación".

El estudio de la Contraloría se llevó a cabo entre el 4 de marzo y el 17 de julio de 2019, "por parte de un equipo multidisciplinario de auditores integrado por abogados, ingenieros civiles y de sistemas, economistas, contadores y geólogos, entre otras profesiones, y todos con más de 15 años de vinculación a la CGR. Adicionalmente se contó con el apoyo de un equipo de la Universidad Nacional en el tema de análisis financiero al proyecto", explicó el ente de control. 

La Contraloría afirma que, por el impacto social, ambiental y económico que este tipo de proyectos producen, deben cumplir con altos estándares de diseño y construcción, que no se cumplieron en este caso. Por el contrario, "se evidenciaron debilidades en los estudios técnicos tanto en obras de la logística inicial, como de las obras principales, que ocasionaron modificaciones a los contratos por mayores cantidades de obras, inclusión de nuevos ítems, rediseños y cambios de técnicas constructivas, lo que generó mayor tiempo y costos para el proyecto".

En definitiva, dice la CGR, queda en duda la experiencia constructiva de la empresa (Empresas Públicas de Medellín, EPM), "que sustentó la decisión de abandonar la opción de subasta internacional y optó por una negociación directa para desarrollar el proyecto".

Por si fuera poco, la CGR hizo un análisis comparativo de los costos en dólares por kilovatio instalado (USD$/KW) en proyectos hidroeléctricos comparables (cercanos a los 2.000 MW) y empresas generadoras de energía con características similares y/o comparables con Hidroituango, en el mercado nacional e internacional. "El resultado de este análisis indica que el proyecto Hidroituango presenta el costo de inversión más alto: cerca a 2.096 USD$/KW, con el agravante (de) que aún no ha entrado en operación y en consecuencias las inversiones seguirán aumentando hasta la terminación del proyecto y puesta en operación".

Hechos desde el inicio del proyecto a la contingencia de 2018. La CGR analizó 15 puntos relevantes que se dieron desde el inicio del proyecto hasta la contingencia presentada en abril de 2018 y la posterior desviación del río Cauca por casa de máquinas, a través de los túneles de captación 1, 2, 7 y 8, que ocasionó daños en la infraestructura construida y la maquinaria instalada.

Sobre los túneles. Entre los temas evaluados está el retraso en el inicio de la contratación de los túneles necesarios para desviar el río. El contratista inicial (CTIFS) "presentaba atraso en el cronograma, y cuando estaba próxima la fecha del desvío del río, no tenía listas las guías de las compuertas de desviación ni la estructura de descarga de fondo. Los incumplimientos de este contratista llevaron a EPM a decidir la liquidación de ese contrato (en junio de 2014) y a entregar la terminación de las obras subterráneas pendientes al consorcio CCCI, ejecutor de las obras de superficie, en especial la presa", detalla la Contraloría.

La idea original era desviar el río Cauca en enero de 2013 (en el primer verano del año), a través de dos túneles. Sin embargo, no se logró. La CGR explica que desde 2013 EPM empezó a evaluar la construcción de un tercer túnel para desviar el río en enero de 2014 y poder iniciar los trabajos de levantamiento de la presa.

EPM empezó a adelantar un plan de recuperación, denominado “Plan de Aceleración”, que contemplaba la construcción de un Sistema Auxiliar de Desviación– SAD, "que independizaría las obras subterráneas de las obras exteriores permitiendo así apresurar la ejecución de los trabajos".

"En reiteradas ocasiones, la Junta de Asesores de EPM manifestó su desacuerdo frente al denominado “Plan de Aceleración” y la construcción de la Galería Auxiliar de Desviación señalando que “los riesgos técnicos asociados con la aceleración no son aceptables para un proyecto de esta envergadura” y, además, “existe aún incertidumbre de que las múltiples y delicadas tareas restantes para lograr el desvío se ejecuten oportunamente”, expone la Contraloría.

"La Junta de Asesores siempre recomendó ajustarse al diseño original y tratar de desviar el río sino en el primer semestre de 2014 a mediados de éste y, en caso de ser necesario, recuperar tiempo agilizando la construcción de la presa, lo cual era una alternativa con mucho menor riesgo que la aceleración del desvío. No obstante sus recomendaciones, la Junta de Asesores fue sorprendida en 2013 con “la decisión ya tomada de abandonar los elementos de control y cierre de los túneles y adoptar un tercer túnel (T3) de desvío aguas arriba, que permita el cierre final con la construcción de los tapones definitivos al final de la obra”", añade el informe.

Y remata: "Así fue como, con el fin de lograr la desviación del río en febrero del año 2014, dado que el incumplimiento de esa fecha acarrearía mayores tiempos en el inicio de generación del proyecto, EPM se apartó no solo de los diseños originales sino también de la recomendación de su Junta de Asesores".

"Las deficiencias en los estudios para las obras de desviación del Río Cauca por los túneles izquierdo y derecho, sin la instalación de los marcos y guías de las compuertas de cierre (...) se convirtieron en los factores de ineficiencia a resaltar dentro del proyecto, ya que no fue posible instalar las compuertas para el llenado controlado del embalse", dice el informe. 

Como es sabido, el colapso del sistema auxiliar, sumado a la imposibilidad de evacuar el agua por los túneles originales por la existencia de tapones (en vez de compuertas), estuvieron entre las principales causas de la emergencia en Hidroituango a partir de abril de 2018. Que el agua pasara por la casa de máquinas para no sobrepasar la presa fue, al final, la única alternativa. 

"Los auditores de la Contraloría cuantificaron en cerca de $839.454 millones la afectación patrimonial que trajo la decisión de permitir el paso del río Cauca por la casa de máquinas y las consiguientes situaciones que ocasionó: daños en la infraestructura y equipos, así como afectaciones ambientales y sociales".

Además, en la actualidad, "hay algunos eventos cuya cuantía está por determinar, como la reparación de oquedades, la fracturación en la roca, los blindajes de acero instalados, las obras civiles en casa de máquinas y elementos adicionales por dar de baja, entre otros".

En cuanto a la montaña, se "observó inestabilidad por desprendimiento de material del macizo y de las obras de protección del talud de la margen derecha del vertedero, en el sitio denominado Capitanes, en el sector ubicado debajo de la construcción de la Base Militar Capitanes y de la zona sur de la galería de compuertas, que se afectó por un deslizamiento ocurrido durante la contingencia. Lo anterior motivó el reforzamiento estructural de la galería, situación que puede aumentar y generar riesgo de estabilidad en esta zona. Al momento de la visita de la CGR, que no incluyó el ingreso a toda el área de casa de máquinas (no se podía hacer en este momento), se observaron grietas dentro del macizo de casa de máquinas", añade el documento.

EPM responderá. Este jueves, 19 de septiembre, EPM comunicó haber recibido el informe de la CGR. Añadió que "estudiará el documento con un grupo de expertos y en los próximos días, con base en este análisis, hará pública su posición" y que la organización "continuará colaborando con las autoridades en lo que la requieran y dando las explicaciones que correspondan".

En días pasados, se supo que la aseguradora Mapfre cubrirá costos de la emergencia en Hidrotiuango, un factor que la CGR no tuvo en cuenta en su informe, pues la noticia de la aseguradora fue posterior a la realización de la investigación del ente de control. 

Asimismo, se espera que en los próximos días, la mesa técnica coordinada por la Procuraduría dé respuesta al juez que ordenó medidas cauteleras para mitigar la crisis ambiental de la represa de Hidroituango en Antioquia.