La acción legal de interpuesta por Jorge Said Yarur tiene por objetivo buscar las responsabilidades ante una presunta pérdida económica del empresario durante los años 2010 al 2015.

El ex accionista minoritario de Latam Airlines, Jorge Said Yarur, presentó una demanda en contra de los controladores de la compañía por unos 23 millones de dólares, debido al impacto económico que han originado diversos escándalos protagonizados por la línea aérea.

La demanda, patrocinada por el abogado Gonzalo Cruzat, tiene por objetivo buscar las responsabilidades ante una presunta pérdida económica del empresario durante los años 2010 al 2015. Según se informó, la acción judicial fue realizada en diciembre de 2016 ante el 22 Juzgado Civil de Santiago.

En el texto, se indicó que, mediante su sociedad de inversiones, Ranco Tres, Said poseía el 0,21% de la propiedad de la compañía, la que debió vender “a causa de la dramática situación bursátil de la empresa con motivo de una gestión deficitaria y culpable, tanto de parte de sus ejecutivos, integrantes de Grupo controlador como su órgano administrador”.

La acción civil establece una indemnización de CH$13.256.268.242, unos US$23 millones y va dirigida en contra de los representantes de la empresa, Enrique Cueto Plaza, Ignacio Cueto Plaza, Juan José Cueto Plaza y los directores Ramón Eblen y Jorge Awad.

Según se justificó en la demanda, tras la fusión de Lan Chile y la empresa brasileña TAM ha generado "un dejo de actos de administración dolosa por parte de la compañía y miembros del Grupo controlador como ejecutivos claves, y negligentes, por parte de su órgano administrativo a través de directores, que no hicieron sino despreciar lo que fue mi capital accionario”.

Y recuerda las “sanciones criminales por colusión, por una parte, cohecho por la otra, como falta de control efectivo y de previsión como criterio ante una fusión deficitaria como mal implementada".
Al respecto, la línea aérea emitió un comunicado en que indicó que la empresa “colaborará con la justicia”, pese que la demanda es catalogada como “improcedente".