Óscar Thomas fue director por Argentina de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) durante los tres períodos de gobierno peronista-kircherista de Argentina, detentando incluso el máximo cargo ejecutivo de la entidad, que es el de director ejecutivo.
Asunción. El juez federal “que más problemas ha traído a la administración kirchnerista por sus investigaciones en casos de corrupción”, recibió la denuncia penal que inició el diputado Gustavo González (Unión Cívica Radical -UCR) contra Óscar Thomas y el exministro del Superior Tribunal de Justicia Sergio César Samaniego, publicaba este fin de semana el diario digital Misiones cuatro.com.
Óscar Thomas fue director por Argentina de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) durante los tres períodos de gobierno peronista-kircherista de Argentina, detentando incluso el máximo cargo ejecutivo de la entidad, que es el de director ejecutivo.
La acusación del diputado Gustavo González de la UCR contra Thomas y González es por “malversación de caudales públicos, tras el escándalo del doble cargo del exministro”, añade la publicación misionera.
“El juzgado federal de Posadas se declaró incompetente y remitió el expediente al juzgado a cargo del Dr. Claudio Bonadío. Creemos que el Dr. Bonadío y su equipo, que hoy se encuentran al frente de la investigación de muchas causas de corrupción de la era K (Néstor y Cristina Kirchner) van a impulsar esta denuncia sobre malversación de caudales públicos”, se lee en un párrafo del material informativo, que en este caso tiene como fuente al diputado de la UCR Gustavo González.
Añade el redactor que la denuncia fue presentada en abril pasado, “luego de desatarse el escándalo en el Poder Judicial Misionero, cuando se conoció, por investigaciones de MisionesCuatro, que el exministro del Superior Tribunal de Justicia cobraba un sueldo de la Entidad Binacional Yacyretá por un supuesto asesoramiento, entre mayo de 2012 y abril de 2015”.
En otro párrafo atribuido al diputado González y que transcribe la publicación, se lee: “Queremos que el accionar de Thomas y Santiago sean investigados y que la justicia resuelva lo que corresponda. Pero también queremos que Santiago devuelva la plata que cobró ilegítimamente durante todos esos años en los que supuestamente trabajó en la entidad binacional”.
Añade el colega que en 2012 el ministro cobró 30.000 pesos mensuales (G. 12.257.619,22, según la paridad vigente ayer), que luego le aumentaron a 45.500 pesos (G. 18.590.722,49).
