A juicio del director ejecutivo y socio fundador de la firma de asesoramiento inmobiliario Julio Villamide & Asociados, Julio Villamide, esta decisión tomada por el Poder Ejecutivo generó que hoy haya una "caída constante" en la creación de VIS.
Montevideo. La ley de Vivienda de Interés Social (VIS), sancionada en 2011, buscó que los promotores privados desarrollaran proyectos más allá de la zona costera, con el objetivo de que más familias pudieran acceder a un techo.
Unos años después, el gobierno –con el argumento de que los precios de las unidades hacían que gran parte del público no pudiera acceder a ellas– fijó un tope. Desde 2014, entonces, el 25% de los apartamentos de cada edificio tiene un techo de precio.
A juicio del director ejecutivo y socio fundador de la firma de asesoramiento inmobiliario Julio Villamide & Asociados, Julio Villamide, esta decisión tomada por el Poder Ejecutivo generó que hoy haya una "caída constante" en la creación de VIS.
"Está languideciendo, y es una pena, porque es un instrumento fantástico", dijo ayer Villamide a El Observador.
El experto inmobiliario –uno de los impulsores de la ley– participó ayer de una conferencia organizada por la Cámara de Comercio Francesa de Montevideo.
Durante su exposición Villamide dijo que admitía "la crítica de que los precios pueden ser altos". Pero, agregó, "el costo de construcción en Uruguay es el más alto de América Latina, por lo tanto tampoco (los promotores) pueden hacer milagros de vender por debajo del costo".
Asimismo, lamentó que el intercambio "de cabeza abierta" que tuvo lugar durante la confección y aprobación de la ley, cuando la titular del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvotma) era Graciela Muslera, se acabó. Cuando Francisco Beltrame –actual presidente de la Agencia Nacional de Vivienda (ANV)– la relevó, dijo Villamide, la relación con las autoridades cambió.
"Lo que no logramos es que las nuevas autoridades que están en el país terminen de poner palos en la ruda a este proceso", se quejó.
Villamide sostuvo que previo a la introducción del tope del 25% de las unidades el Mvotma consultó a los privados, quienes se opusieron, alegando que desalentaría la construcción de este tipo de proyectos. "Fracasamos con todo éxito, el tope se puso", señaló Villamide, quien añadió que según cálculos recientes realizados por los operados privados hubo un descenso de 49% en la cantidad de VIS presentadas, si se compara el periodo que va desde la entrada en vigencia de la ley (fines de 2011) hasta julio de 2014 (cuando se introdujo el tope), frente a agosto de 2014 hasta febrero de este año.
La renuncia fiscal que hace el Estado –factor que buscaba seducir a los promotores para que apostaran a esta modalidad– es "de una actividad que no existiría" de no haberse introducido la ley, dijo Villamide.
"Ningún promotor de Pocitos estaría construyendo hoy en el Centro o en Cordón porque en Pocitos no esté vendiendo", señaló.
También hizo mención al impacto de las VIS en el empleo, y apuntó que hoy hay más de 10.000 obreros de la construcción empleados "gracias" a esta ley, lo cual también "amortigua" el impacto sobre la tasa de desempleo en un contexto de pérdida de puestos de trabajo en la industria de la construcción.
"Esto, que parece tan claro, nos cuesta enormemente hacérselo entender a las autoridades", criticó Villamide.
