Expertos aseguran que el mercado eléctrico frenó procesos -de al menos US$4.800 millones- para que el gobierno construyera redes de transmisión de energía eléctrica.

El cambio de modelo de compra venta de energía eléctrica para consumidores y generadores mayoristas frenó los procesos de temporadas abiertas para que el gobierno construyera redes de transmisión, con garantías de privados interesados en apartar capacidad en Oaxaca y Tamaulipas, con lo que se esperaban inversiones de al menos US$800 millones para el transporte de 4.200 megawatts (MW), afirmaron empresarios de la industria eólica.

Además, la reducción de tarifas industriales de hasta 25% que el gobierno ha decretado gracias al aumento de generación termoeléctrica con gas y la caída en el precio de este combustible están desincentivando las inversiones en grandes proyectos renovables, que no encuentran cómo anclar su oferta entre compradores a largo plazo. Tan sólo en energía eólica se calculaban US$14.000 millones en este sexenio, afirmó Héctor Treviño, director de la Asociación Mexicana de Energía Eólica (Amdee).

Las temporadas abiertas fueron convocadas por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) desde el 2011 y preveían redes para el transporte de 2.600 megawatts en Oaxaca y 1.600 en Tamaulipas -además de por lo menos 1,000 MW en Puebla y Baja California, que fueron suspendidos-, explicó Adrián Katzew, director general de Zuma Energía y CEO de Vestas en México.

Pero esta figura, mediante la cual las firmas deben dar 100% de garantías para que el gobierno les otorgue crédito, no es compatible con el marco legal aprobado en la reforma energética, ya que resultará más sencillo y rentable construir sin estar asociado a temporadas, pero creará cuellos de botella una vez concluidos los proyectos, pues no tendrán por dónde transmitir la energía.

Mercado, en 10 años. En un seminario convocado por el Instituto Global para la Sostenibilidad, Adrián Katzew detalló que en el mundo se ha probado la problemática de los mercados de energía, que tardan más de 10 años en implementarse y en regiones europeas -como el Bloque Nacionalista Gallego- o estadounidenses -mercado spot de California- han tenido que ampliar la regulación, ya que la electricidad es por definición un bien público, indivisible e inexcluyente; y es muy complicado controlar externalidades, como colusiones entre ofertantes para manipular los precios o pérdidas generadas por entidades que pagan menos en un flujo que siempre es constante.

En México, el mercado que iniciará el 1 de enero del 2016, con el cual planean que al menos 4.000 consumidores dejen de comprarle a la Comisión Federal de Electricidad, está lleno de incertidumbre, afirmaron los expertos.