La demanda, que también es contra los dos estados impactados por el derrame y el Gobierno federal, es el resultado de seis meses de investigación liderada por un grupo de trabajo establecido tras el desastre, dijeron fiscales en un comunicado.
Fiscales federales en Brasil dijeron este martes que presentaron una demanda civil por 155.000 millones de reales (US$43.500 millones) contra la minera Samarco, y sus dueños Vale y BHP Billiton, por el colapso de una represa en noviembre que mató a 19 personas y contaminó un importante río.
La demanda, que también es contra los dos estados impactados por el derrame y el Gobierno federal, es el resultado de seis meses de investigación liderada por un grupo de trabajo establecido tras el desastre, dijeron fiscales en un comunicado.
Los daños totales, dijeron, fueron calculados en base al costo del derrame de petróleo de Deepwater Horizon en Estados Unidos. El cargo antes de intereses para BP por dicho desastre alcanzó los US$53.800 millones.
Los fiscales buscan un pago inicial de 7.700 millones de reales. Tanto Vale como BHP dijeron que no habían recibido una notificación formal de la demanda.
Sin embargo, BHP dijo en un comunicado a la bolsa de valores australiana que estaba "comprometida a ayudar a Samarco para reconstruir la comunidad y restaurar el medio ambiente afectado por el colapso de la represa".
BHP dijo que una demanda separada que Samarco, Vale y BHP resolvieron extrajudicialmente con el Gobierno de Brasil en marzo, bajo el cual las firmas pagarían un estimado de 20.000 millones de reales, es la mejor manera de reparar el daño causado por el derrame.
"Creemos que el acuerdo (una vez aprobado por el tribunal) proporcionará el marco a largo plazo de recuperación y compensación para responder al impacto de la tragedia de Samarco y la plataforma adecuada para que las partes trabajen juntas", dijo BHP.
Los fiscales federales y estatales no formaron parte del acuerdo extrajudicial, que criticaron, diciendo que es insuficiente y carece de los mecanismos legales para garantizar que las empresas cumplan con sus obligaciones, por lo que es poco más que una "carta de intención".
