Junto con la formalización de cargos a los empresarios Carlos Délano y Carlos Lavín, la fiscalía solicitó la prisión preventiva de ambos ejecutivos, dueños del Banco Penta, firmas de seguros y del grupo de salud privado Banmedica.
Santiago. La Fiscalía chilena oficializó este miércoles ante la justicia su acusación en contra de los dueños del grupo financiero local Penta por delitos tributarios y sobornos, en medio de un escándalo de aportes ilegales de dinero para campañas electorales.
Junto con la formalización de cargos a los empresarios Carlos Délano y Carlos Lavín, la fiscalía solicitó la prisión preventiva de ambos ejecutivos, dueños del Banco Penta, firmas de seguros y del grupo de salud privado Banmedica.
Ahora, un juez deberá decidir en lo que resta de la semana la solicitud de prisión preventiva en contra de los controladores del grupo, una vez que la defensa de los empresarios haga sus descargos.
Además de estas formalizaciones, la fiscalía notificó cargos contra otros ocho imputados, incluido Pablo Wagner, un ex subsecretario de Minería del Gobierno de Sebastián Piñera, por los delitos de cohecho y lavado de activos por supuestos sobornos de los controladores de Penta.
El jefe de la fiscalía en Chile, Sabas Chahúan, destacó durante la formulación de cargos que los delitos "tienen gravedad por su reiteración", aludiendo al abanico de ilegalidades que los imputados cometieron en los últimos años.
El procesamiento contra las personas mencionadas surgió de otra investigación tributaria que abarcaba a un grupo de empresas y funcionarios del Servicio de Impuestos Internos.
En ese marco, una unidad de la fiscalía y la policía constataron la participación de miembros directos e indirectos del grupo Penta, por lo que inició una investigación más profunda en que se descubrió un mal uso de boletas de honorarios.
Los dineros de las boletas financiaron campañas de políticos, principalmente del partido opositor conservador UDI, quienes actualmente se desempeñan en el Congreso y de ex precandidatos presidenciales.
La fiscalía descubrió que varios políticos emitieron boletas a sociedades de los dueños de Penta por servicios que no habrían prestado para obtener millonarios recursos para financiar sus campañas electorales.
