Esto, gracias a la implementación de políticas de reforestación, distribución de tierras fiscales a comunidades y la aplicación de la Ley 337 promulgada el 11 de enero de 2013.

Hasta 2025, la frontera agrícola de Bolivia aumentará de 5,6 millones de hectáreas (ha) a 9 millones de ha, el 60% más con la implementación de políticas de reforestación, distribución de tierras fiscales a comunidades y la aplicación de la Ley 337 promulgada el 11 de enero de 2013.

La información fue brindada por el viceministro de Tierras, Jorge Barahona, quien indicó que para llegar a los 9 millones de ha, la Ley 337 de Apoyo a la Producción de Alimentos y Restitución de Bosques jugará un rol importante porque permitirá a los agricultores aprovechar las áreas no cultivadas o que han sido “desboscadas” sin previa autorización.

“El uso actual que tenemos es de 5,6 millones de hectáreas que están en uso agrícola, y con la implementación de la ley y otras acciones vamos a llegar aproximadamente a 9 millones de hectáreas con uso agrícola en el país”, detalló el dignatario.

La frontera agrícola es el límite que divide la tierra dedicada al cultivo y la tierra que aún se mantiene como área natural intacta. Esta demarcación puede variar por la acción de poblaciones humanas en otros sectores.

Datos del Viceministerio de Tierras dan cuenta de que en los 5,6 millones de ha de frontera agrícola existentes a la fecha, se hallan distribuidos la agricultura comercial y múltiple; plantaciones forestales y plurianuales; y estructuras urbanas y rurales en las que existe actividad relacionada al sector.

Con la Ley 337, el Estado toma la decisión de dar “una oportunidad” más a los propietarios legales de la tierra que han deforestado “sin autorización” entre 1997 y 2011. El objetivo es incrementar la producción de alimentos en el país con base en un programa de seguridad alimentaria para evitar la reversión de sus tierras y las multas.

Los beneficiarios “deben comprometerse a producir los alimentos estratégicos que determine el gobierno y a elevar la productividad por hectárea entre 10% y 20%, y también a reforestar algunas áreas de su propiedad”.

“Lo que se busca es garantizar la soberanía alimentaria para el país y luego exportar”, argumentó la autoridad y añadió que, a la fecha, según los últimos datos del Viceministerio de Desarrollo Rural y Tierras, existen más de 3 MM de ha cultivadas de alimentos.

El 12 de enero de este año, un día después de promulgarse la Ley 337, se informó que el presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Julio Roda, aseguró que el país puede expandir su frontera agrícola a 15 MM de ha en los próximos años, porque “muchos de los productores que estaban vetados (para ampliaciones) podrán volver a pedir permisos para desmontar y volver a cultivar”.

Otra de las medidas que permitirán ampliar la frontera agrícola, según Barahona, será la distribución de tierras fiscales disponibles que fueron identificadas por el gobierno y que a la fecha ascienden a unas 6,2 MM de ha. De esta cantidad, “2,5 millones han sido distribuidas a comunidades a través de la ejecución de varios programas de asentamiento”, refirió.

La reversión de tierras no cultivadas también es parte del plan.

El país aumenta sus exportaciones, pero aún es dependiente. Jimena Paredes. Si bien Bolivia aumentó sus exportaciones de productos agropecuarios y agroindustriales de 2006 a 2012 en un 18%, aún no es autosuficiente en la obtención de algunos alimentos, por lo que debe importarlos.

Datos del Viceministerio de Tierras indican que el país sudamericano aún no logró la seguridad alimentaria, pues aún compra trigo, maíz, papa, azúcar, arroz, tomate, zanahoria, cebolla, nueces, uvas y manzanas de países de la región.

El viceministro de Desarrollo Rural y Agropecuario, Víctor Hugo Vásquez, explicó que en el caso del trigo, Bolivia sólo produce el 43% y el resto lo debe importar.

Para cambiar esta figura, adelantó que en los próximos meses se implementará un programa “exclusivo para la producción de trigo” que permita en los siguientes diez años aumentar los cultivos de este cereal.

“Será un programa que beneficiará a los pequeños, medianos y grandes productores de trigo”, dijo el viceministro Vásquez.

Los productos de exportación “tradicionales” son la soya y sus derivados, el sorgo, arroz, azúcar, aceite de girasol, castaña, cacao, café, ají, ajo, algodón, carne de res. Sin embargo, la composición dentro de esta denominación podría variar en unos años con la introducción de otros que no son típicos en la venta, dijo el funcionario.

Dentro de los productos “no tradicionales” están el limón, frejol, miel, quinua, banano, maíz, piña, maní, centeno, frutilla, papaya, cebolla, palmito y té.

Con el fin de ampliar las áreas cultivadas, el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras remitió a la cartera de Economía y Finanzas Públicas algunas normativas que se podrían incorporar en la nueva Ley de Servicios Financieros, que reemplazará a la actual Ley de Bancos, para que los agricultores logren acceder a créditos.

El gobierno prepara la realización de un censo agropecuario para septiembre de este año con el objetivo de determinar cuántas zonas son productoras y qué pueden producir. El fin es prestar ayuda técnica.

Aprobación del Reglamento de la Ley 337. El viceministro de Desarrollo Rural y Agropecuario, Víctor Hugo Vásquez, anticipó el viernes que la reglamentación de la Ley de Apoyo a la Producción de Alimentos y Restitución de Bosques será aprobada la siguiente semana, lo que permitirá aplicar la norma y arrancar con programas productivos y agropecuarios.

Estimaciones para la actividad agrícola a 2018. Datos del Viceministerio de Tierras indican que para 2018 los rendimientos de la actividad agrícola aumentarán de 10 a 20% según el producto. La superficie sembrada subirá al menos en 34%, de 1,1 millones de hectáreas a 1,7 millones. Los volúmenes de alimentos producidos al año aumentarán en 41%, de 9,6 millones de TM/año a 13,6 millones.

Se prevé monitorear información del agro. El Ejecutivo prevé implementar el Observatorio Agroambiental y Productivo que monitoreará la información agropecuaria mediante un sistema para garantizar la soberanía alimentaria. También brindará datos de precios y las reservas alimenticias.