El acuerdo permitirá a Odebrecht seguir operando en Perú a cambio de pruebas y testimonios de ejecutivos contra funcionarios y políticos que habrían recibido sobornos desde inicios de la década pasada.
Lima.- La brasileña Odebrecht firmó un acuerdo con las autoridades de Perú que contempla el pago de una millonaria multa de reparación civil y la cooperación en investigaciones por pagos de sobornos para ganar contratos para obras de infraestructura, dijeron a Reuters tres fuentes relacionados al tema.
El acuerdo permitirá a Odebrecht seguir operando en Perú a cambio de pruebas y testimonios de ejecutivos de la constructora contra funcionarios y políticos que habrían recibido sobornos desde inicios de la década pasada, las cuales serán usadas por los fiscales para impulsar sus investigaciones.
Dos de las fuentes precisaron que la multa ascendería a unos US$182 millones a ser cancelados en un plazo de 15 años, tras el reconocimiento de Odebrecht de que pactó sobornos en seis contratos relacionados con cuatro obras de infraestructura.
La tercera fuente refirió que Odebrecht pagaría en suma como reparación civil aproximadamente 680 millones de soles (unos US$200 millones), incluyendo una quinta obra en la que ya había admitido sobornos en la ejecución del proyecto.
Representantes de la oficina local de Odebrecht se excusaron de ofrecer declaraciones para este reporte.
"Se estableció el plazo de 15 años para el pago de reparación civil porque Odebrecht está técnicamente quebrada", dijo una de las fuentes consultadas.
La misma fuente refirió que las pruebas de soborno que proporcione la empresa brasileña no sólo servirán para que la fiscalía impulse sus investigaciones, sino para que la procuraduría utilice la información y, si amerita, pueda el Estado cobrar una reparación a los socios locales de Odebrecht.
Las tres fuentes dijeron que el acuerdo de culpabilidad fue firmado temprano el sábado, luego de casi 12 horas de conversaciones y revisión del texto entre representantes de la fiscalía, la procuraduría y la filial de Odebrecht en Perú.
La fiscalía planea interrogar en Brasil en enero a varios ejecutivos de Odebrecht, entre ellos al exjefe de la firma en Perú, Jorge Barata, quien ya declaró y permitió el inicio de las investigaciones en el país.
Reconoce sobornos. En el acuerdo, Odebrecht reconoce sobornos en seis contratos. Dos referentes a la construcción de una carretera que unió a Brasil y Perú durante el gobierno del expresidente Alejandro Toledo, quien dirigió el país entre el 2001 y el 2006, afirmaron dos de las fuentes con conocimiento del pacto.
Otros dos contratos (Tramo 1 y Tramo 2) corresponden a la construcción del Metro para Lima, que fue ejecutada en el segundo gobierno del expresidente Alan García (2006-2011), agregaron.
Adicionalmente las fuentes dijeron que están siendo investigados los contratos para ampliar el corredor vial Costa Verde-Callao en la costa de Lima y el de la construcción de una carretera de acceso rápido en la ciudad andina del Cusco.
Una quinta obra en la que Odebrecht admitió sobornos, por los cuales ya había llegado previamente a un acuerdo por daños y perjuicios, es el proyecto vial "Chacas" en la región andina de Ancash.
Los casos de sobornos de Odebrecht en Perú, que busca vender algunos de sus activos para pagar sus deudas, han salpicado a los cuatro anteriores presidentes de la república y a la prominente líder de la oposición Keiko Fujimori que cumple tres años de prisión preventiva mientras se la investiga por presunto lavado de activos.
Los expresidentes Alan García, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski encaran sus investigaciones en el país, mientras que sobre Alejandro Toledo pesa un pedido de extradición desde Estados Unidos.
Entre las principales firmas peruanas que fueron socias de Odebrecht figuran las constructoras Graña y Montero, JJ Camet Contratistas Generales, Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A (ICCGSA), según las investigaciones fiscales.
Odebrecht, que comenzó a operar en Perú hace cuatro décadas, ha sido fuertemente afectada por los casos de corrupción en el país y actualmente su panilla suma unos 2.000 trabajadores, menor a los 20.000 que tenía antes de estallar el escándalo.