El uso de la gran masa de recursos liberada del Banco Central y la Ley 19.550 abren nuevos flancos para una reestatización. Con alrededor de US$6.000 millones podría intentar una OPA.
Por sólo US$6.000 millones el gobierno argentino podría tomar el control de YPF, la filial de Repsol que representó cerca del 35% de sus ingresos brutos en 2011. Tal horizonte se abrió este miércoles en Buenos Aires cuando, de una manera sorpresiva, el CEO de la compañía, Antonio Brufau, no entregó la rama de olivo que se esperaba en la reunión de directorio y, en cambio, propuso capitalizar en la empresa la totalidad de los cerca de US$1.230 millones de utilidades del año pasado, más una parte remanente de 2010. Los representantes del Estado argentino objetaron la decisión, ya que buscaban que la empresa creara una reserva de inversiones con esos fondos para impulsar la exploración y explotación en el país.
“Lo que no entiende YPF es que no están negociando con Néstor Kirchner o con Carlos Menem”, dice el economista Antonio Dentice, en Buenos Aires. “Negocian –continúa– con un gobierno con déficit energético, que no tiene fondeo externo y al que no le tuerce la mano nadie”. Para el académico de la Escuela de Economía y Negocios de la Universidad de San Martín, las perspectivas para Repsol no son auspiciosas, dado que “YPF ha ganado mucho y ha remesado mucho también. El gobierno se lo ha permitido y han sido socios, pero ahora ya no lo son más porque YPF no quiere invertir dónde el gobierno lo necesita”. Desde la compañía, el gobierno interpreta mal lo ocurrido, puesto que la capitalización representa un gran cambio frente al reparto tradicional de dividendos y, al aumentarse el capital social de la compañía, ésta se vuelve “más sólida para afrontar los desafíos de inversión”.
Polémica. En Madrid, Jorge González, analista del Banc Sabadell, concuerda con esa mirada. Repsol-YPF “no está sacando caja, que es lo que al gobierno le interesa. Esa reserva de los años anteriores se queda en la compañía. Y con eso se podrá impulsar unas inversiones más allá de las que ya tiene”. A su juicio, “cómo mínimo, una inversión anual en Vaca Muerta –el gran yacimiento de YPF a explotar mediante fracking– que no va a bajar de los 600 millones anuales. La propuesta de dividendos en acciones cumple con esta propuesta del gobierno argentino”. Pero, para el secretario de Política Económica, Axel Kicillof, de quien se dice que habría llamado tres veces desde la reunión misma a la presidenta Cristina Kirchner, tal intención no existe. En la puerta de la Torre YPF, en Puerto Madero, fue directo al grano: “Lo que le estamos requiriendo a la empresa es que cumpla con los compromisos (de inversión) asumidos. Hoy no hemos encontrado un plan de inversión que parezca ir en esa dirección”. Y señaló que no se trataba de un asunto cerrado, ya que “vamos a seguir actuando para que esto se modifique, con todos los instrumentos que tiene a su disposición el Estado nacional”.
¿Cuáles son estas herramientas? Con una capitalización que ha caído de algo más de US$ 13.000 millones a US$ 11.800 millones este mes, en Buenos Aires se arguye que la Casa Rosada podría comprar YPF, para lo que sería necesaria una oferta por el 100%. “Este escenario –de compra parcial o total de YPF por parte del gobierno argentino– es posible. Es más factible ahora que el gobierno pueda comprar a precio de mercado: US$ 11.000 millones”, opina José Martín Vivas Analista de Repsol de Ahorro Corporación, en Madrid.
Yendo a la OPA. Para el experto, “con todo el lío que tiene ahora, con una oferta de este tipo vendería. Los inversores se lo tomarían a bien si Repsol decide aceptar esta oferta”. Hasta ahora cualquier especulación sobre una compra parecía mera política-ficción, porque ¿de dónde sacaría el gobierno argentino US$11 mil millones?
La reciente reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, aprobada por el Senado anoche mismo, abrió una compuerta. Esta incluye el cambio de su artículo 20, que antes habilitaba –en circunstancias extraordinarias– a la entidad a prestar a la Casa Rosada hasta el 10% de los recursos en efectivo obtenidos por el gobierno (o el 12% de la masa monetaria), cifra que se aumentó ahora al 20%. En cifras de este año podrían ser unos US$ 9.300 millones. Roberto Feletti, presidente de la comisión de presupuesto de la cámara de diputados, afirmó hace una semana que “el pago previsto con el uso de reservas es hasta US$ 5.700 millones”. La diferencia es entonces de US$ 3.600 millones. Pero a esa cifra se suman las utilidades que obtenga el banco y lo que correspondía a las antigua “reservas de libre disponibilidad”. Debido a ello, algunos hablan de US$ 16.000 millones o más. No es difícil imaginar el pedido de un préstamo extraordinario que oscile entre los US$ 4.000 a 5.000 millones. Vivas, de Ahorro Corporación, cree que con una cifra de ese orden alcanzaría: “Podría darse un escenario de re-estatización parcial. El 57% del total son US$ 6.000 millones. Con esos US$5.000 millones (mencionados) tendría para pagarle todo o casi todo, si alguien se suma con dinero privado, según el precio de mercado ahora mismo, y así quedaría el gobierno argentino como accionista de referencia y podría hacer lo que le dé la gana”.
En términos prácticos, La Casa Rosada estaría obligada a lanzar una OPA (Oferta pública de Adquisición). Según las leyes argentinas del mercado de valores, antes de comprar YPF habría que consensuar con el Grupo Petersen (accionista minoritarios argentinos, apoyados por el gobierno originalmente) y otros pequeños accionistas para que no entorpecieran la movida. “La OPA –expone Vivas– se debe hacer efectiva en caso de que se oferte el 100%. Es decir, en caso de que el gobierno se haga con el 57,4% de YPF que hoy está en manos de Repsol”. Aunque, igualmente “podría hacerlo en dos tandas: comprar algo por debajo del 30% y luego algo más. Pero si compra un 57% debería lanzar una OPA”.
No obstante, también hay quienes creen que una operación como la señalada sería extremadamente riesgosa. Y contraproducente. “Es complicada una nacionalización, dado que, aunque el gobierno tenga disponibilidad económica, sería una locura gastar esos recursos que el país necesita para otras cosas, en una empresa que funciona bien, como YPF”, reflexiona González del Banc Sabadell. Para él, si el gobierno argentino se niega a aceptar la propuesta de capitalización “es que no le interesa la producción de la empresa. Lo que le importa es tomar el mando de la empresa”, porque con lo que Brufrau ofreció, “YPF cumple perfectamente el requerimiento del gobierno que es no sacar la caja para reinvertir en el país”. Kicillof no lo entiende así. En la reunión "lo que propuso la empresa fue capitalizar la compañía, lo que quiere decir emitir nuevas acciones y distribuírselas a los dueños". Para el funcionario lo que se ha hecho es “reemplazar una distribución en efectivo, que era lo que les pedimos que no hicieran, por una distribución en acciones, lo que tiene también efectos en el valor bursátil de la compañía”. De hecho, “hasta podría tratarse de una maniobra especulativa porque genera cambios en el valor de las acciones".
Factor Petersen. En la práctica la acción subió luego del encuentro. Y para González, la solución ha servido para alejar un riesgo de quiebre del Grupo Petersen, el que depende fuertemente de la entrega de dividendos para repagar los créditos que posee con la banca y con la misma Repsol, créditos que tomó para comprar su parte. Se trata de un total inicial de US$ 2.033 millones (US$ 1.018 millones a bancos y US$ 1.015 millones a Repsol) en créditos a 10 años, lo que supone pagos anuales entre amortizaciones e intereses que van de US$ 200 a US$ 320 millones. Para el analista del Banco Sabadell “el dividendo en acciones es una idea brillante, sirve para reducir el riesgo de tu socio, en este caso del Grupo Petersen, que corría riesgo de no poder pagar el crédito. Y en ese escenario podríais tener mucho papel de YPF de nuevo en el mercado y hundir más la acción”. Con lo realizado “el grupo Petersen recibe acciones que no tienen garantías, las puede vender y obtener al menos una parte de los intereses que tiene que repagar. De esta forma YPF se evita el riesgo de que su socio quiebre”.
Pero en la Casa Rosada las cartas parecen estar echadas. “Creo que el gobierno avanza hacia alguna forma de estatización”, diagnostica el analista político Ricardo Rouvier, de Rouvier y Asociados. “La presencia del estado es ineludible en el corto y mediano plazo”. Para él, si no se ha hecho hasta ahora “es por un tema de recursos: sobre todo de cuánto cuesta YPF y qué posibilidades tiene el gobierno en un momento en que está tratando de tener una política financiera más conservadora por la crisis mundial”.
Ley olvidada. ¿Cómo seguirá la disputa? Repsol parece confiada en que el gobierno argentino tiene más que perder que ganar, si mantiene su movida de presionar por medio de la quita de concesiones por medio de sus gobernadores aliados, cosa que ha estado ocurriendo. Dentice, de la Universidad de San Martín, piensa que están cometiendo un error de juicio, porque “si bien el gobierno tiene que continuar su actitud de negociar con la petrolera, YPF no leyó la Ley 19.550 de Sociedades, que dice que el Estado es el que vela por los socios minoritarios”. Tal cuerpo legal habilita la designación de un veedor que tome el control de una compañía si se sospecha de maniobras de vaciamiento o abuso. Dado que “el 80% de nuestra matriz energética es de hidrocarburos. Si el gobierno interviene para impedir que se derrumbe la producción es en defensa propia. Es lo que haría EE.UU. o cualquier país serio”.
Para González, la nacionalización sería flor de un día. “Lo que no vemos claro es qué puede hacer mejor que YPF el gobierno argentino. El argumento inicial del gobierno es la producción, pero quitando el sector de los no convencionales, como lo es Vaca Muerta, por ejemplo, se le va a complicar explotar los campos maduros porque se necesita de una gran inversión, que pocas empresas serían proclives a hacer”. Para los que están a favor de ella, Repsol simplemente minusvaloró a la gallina de los huevos de oro. La venta en fragmentos de más del 40% de YPF, que culminó el año pasado, generó un flujo de caja enorme que la empresa española destinó a inversiones presuntamente más rentables en otros destinos. Los analistas decían que se trataba simplemente de sacar al máximo el jugo de un limón ya estragado, sin más recursos que ofrecer. Ello supuso un desastroso mal cálculo, por parte del equipo de Brufau, de las posibilidades ascendentes del fracking, hasta que la agencia de energía de EE.UU y empresas como Apache dejaron claro que Argentina realmente puede convertirse en el segundo país con mayores reservas de gas natural del planeta extraíbles con esa tecnología. Finalmente, la reestatización tendrá un rédito político favorable en este momento. “Creo que la población va a tomar favorablemente una incursión del estado en la empresa” concluye Rouvier.
