En el país centroamericano algunas mujeres han sido condenadas hasta a 30 años de cárcel e incluso han muerto en prisión tras ser condenadas por haberse practicado uno, según organizaciones feministas.

La Justicia de El Salvador sigue sin resolver el caso de una joven que hace casi un mes pidió interrumpir su embarazo por padecer varias enfermedades, con lo que abrió otro capítulo en la lucha a favor del aborto en El Salvador.

La cuestión del aborto es delicada en este país centroamericano, donde algunas mujeres han sido condenadas hasta a 30 años de cárcel e incluso han muerto en prisión tras ser condenadas por haberse practicado uno, según organizaciones feministas.

"Beatriz", el nombre ficticio de esta mujer de 22 años, presentó el 11 de abril un recurso de amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en el que solicitó permiso para someterse a un aborto porque padece lupus e insuficiencia renal. Su bebé, además, es anencefálico (no tiene cerebro).

El retraso del Supremo en emitir una resolución podría ser por las presiones de sectores conservadores que rechazan la despenalización del aborto en El Salvador, dijo a Acan-Efe Angélica Rivas, una de las abogadas de "Beatriz".

Tras casi un mes "estamos en una situación de retardo" por parte del Supremo, ya que "hasta el día de hoy no tenemos una resolución clara, cuando en otros casos la Corte (...) hasta en 24 horas ha resuelto" un caso, agregó.

La Sala admitió el recurso el 17 de abril pasado y pidió al Ministerio de Salud y a la gubernamental Comisión Nacional de Bioética un informe sobre el caso para dar su resolución final.

El ministerio y la Comisión presentaron sus informes la semana pasada, pero la Sala no falló, sino que ordenó dos peritajes adicionales al Instituto de Medicina Legal para que determine el estado físico y psicológico de "Beatriz" para poder pronunciarse, indicó Rivas.

Esto "nos parece irresponsable. Si necesitaban para resolver estos peritajes, pues se debieron de pedir juntamente con los informes u opiniones" al Ministerio de Salud y la Comisión de Bioética, enfatizó la abogada.

El aborto es penalizado en El Salvador en todas sus formas desde 1998, lo cual ha generado una "persecución" a las mujeres sospechosas de haberse practicado uno, ha dicho en reiteradas ocasiones la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, Terapéutico, Ético y Eugenésico.

Algunas mujeres han sido condenadas "injustamente" hasta a 30 años de cárcel e incluso algunas han muerto recluidas, destaca esta organización independiente.

Uno de esos casos es el de Sonia Esther Tábora, que fue condenada a 30 años de cárcel por haberse practicado un aborto, aunque luego de siete años y medio en la cárcel recobró su libertad en 2012 porque se demostró su inocencia.

Además, Karina del Carmen Clímaco fue condenada en noviembre de 2002 a 30 años de prisión por el "asesinato" de su hija, tras abortar.

Karina, al igual que Sonia Esther, estuvo presa casi siete años y medio pero el 9 de julio de 2009 también obtuvo su libertad, ya que se demostró que las pruebas con las cuales había sido condenada en 2002 eran deficientes.

También está el caso de "Manuela" (nombre ficticio), quien fue condenada a 30 años de prisión en 2009 y que en 2010 murió en la cárcel por el cáncer que sufría y que se sospecha que pudo haberle provocado el aborto.

Por este caso, la Agrupación Ciudadana demandó en marzo de 2012 al Estado salvadoreño ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En cuanto al caso de "Beatriz", diversos grupos feministas, instituciones públicas locales y organismos internacionales se han pronunciado a favor de que se le permita abortar, pues consideran que su vida corre peligro y que la del niño no es viable, posición que condenan los sectores más conservadores.

La ministra salvadoreña de Salud, María Isabel Rodríguez, aseguró recientemente que la condición de la joven "no es broma", ya que está en "peligro de muerte", y que a medida que transcurra su embarazo, "la insuficiencia renal que ella tiene va a avanzar".

Por su parte, la iglesia católica, a través de la Conferencia Episcopal de El Salvador, ha pedido no utilizar el caso para legalizar el aborto en el país.

El Salvador es uno de los cinco países de Latinoamérica, junto a Nicaragua, Honduras, la República Dominicana y Chile, que prohíben el aborto de manera absoluta.