La dificultad que el grupo Claro cumpla con los requisitos estipulados en las cláusulas del pacto controlador, dejarían a Quiñenco a la cabeza de la naviera.
Complejo se avizora el futuro para la familia Claro, en lo que respecta a su posición en el pacto controlador junto al grupo Luksic, en la Compañía Sudamericana de Vapores (CSAV).
Lo anterior considerando que la firma naviera, informó a la Superintendencia de Valores y Seguros (previa consulta del organismo), que no descarta que el pacto controlador –Quiñenco y Marinsa– quede sin efecto, considerando que la familia Claro no alcanzaría los niveles de propiedad mínimos establecidos en el acuerdo entre ambos holdings, consigna Estrategia.
En este sentido la naviera comunicó las cláusulas sobre las cuales depende la existencia del pacto controlador entre Quiñenco y Marinsa –sociedades de los grupos Luksic y Claro, respectivamente–, que actualmente poseen el 20,6% de Vapores cada uno.
De acuerdo a lo informado “si alguna de las partes disminuía su participación accionaria en CSAV a menos del 15% del capital social o la diferencia entre la participación accionaria de las partes fuere mayor a 15% (tras concretarse el aumento de capital por, al menos, US$1.100 millones), el pacto terminaría sin más trámite”. Todo depende de cuánto suscriban los actuales accionistas, como por ejemplo las AFP.
Bajo esa óptica, si Quiñenco suscribiese los US$1.000 millones que comprometió (en primera o segunda vuelta), y Marinsa inyecta US$100 millones en el aumento de capita, la familia Claro quedaría con un 13,74% de la propiedad de Vapores, teniendo en cuenta los actuales valores tanto de la acción como del tipo de cambio, según cálculos de Guillermo Araya, gerente de Estudios de K2 Corredores de Bolsa, señala el mismo medio.
Ahora bien, para que se cumpla el primero de los puntos establecido en las cláusulas, la familia Claro tendría que suscribir US$127 millones para tener un 15,02%. En esa lógica, la familia Luksic quedaría con cerca del 60%, por lo que el pacto controlador quedaría sin efecto al considerar que la diferencia en la propiedad supera el 45%, señala el gerente de Estudios de K2.
