La compañía española, que se queja por "hostigamiento, indefensión e inseguridad jurídica", dio inicio a un pleito internacional por la liquidación de su filial, por lo que espera que el Gobierno la compense con al menos US$1.000 millones.

En un comunicado fechado este miércoles desde Barcelona, la multinacional española Gas Natural Fenosa formalizó el inicio del procedimiento arbitral contra el Gobierno colombiano por la liquidación de su filial Electricaribe. El pleito se elevó ante el Tribunal de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (UNCITRAL, en sus siglas en inglés). (Lea: Gas Natural Fenosa demandará al Gobierno colombiano por la liquidación de Electricaribe)

Según la compañía, el propósito del procedimiento arbitral es que el Ejecutivo colombiano devuelva Electricaribe “con un marco regulatorio viable” y, adicionalmente, que se le compense por un importe que se cuantificará en el curso del procedimiento, pero que –dice la empresa– con base en las valoraciones preliminares, superará los 1.000 millones de dólares.

“En la solicitud presentada, Gas Natural Fenosa se alza, entre otros, contra la ausencia de trato equitativo y de seguridad jurídica en la actividad regulada en los últimos años; contra la toma de posesión que constituye una expropiación sin indemnización; y contra el hostigamiento sobre un inversor internacional y las personas a su servicio, mientras trata de resolver por vía amistosa sus diferencias con un Estado mediante los instrumentos establecidos en Derecho Internacional, al acudir al arbitraje”, argumentó la compañía.

El inicio formal del arbitraje se ha solicitado ante UNCITRAL, previsto como foro adecuado de resolución de diferencias en el Acuerdo Bilateral de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre Colombia y España.

La semana pasada, el Gobierno colombiano y las autoridades locales del país justificaron la intervención de Electricaribe por los continuos fallos en el servicio y por la falta de inversiones de Gas Natural Fenosa, mientras que la empresa española se quejaba de la falta de seguridad jurídica de su filial, aquejada por una elevada morosidad y fraude en la zona donde opera, y sostenía que, en esas condiciones, no podía seguir invirtiendo.

“Hay indefensión e inseguridad jurídica en Colombia”: Gas Natural. En otro aparte de su comunicación, la compañía arremete contra Colombia por la determinación de tomar posesión y liquidar Electricaribe, advirtiendo que “hay indefensión e inseguridad jurídica en Colombia”.

“La actitud del Gobierno de Colombia es contraria al espíritu de profundización de las relaciones comerciales entre la Unión Europea y Colombia, conforme al Acuerdo de Libre Comercio e impacta negativamente en el clima requerido para que se produzcan los flujos de inversión internacional hacia ese país”, señala la empresa, indicando que se trata de una medida contraria a los principios de la OCDE, donde Colombia pide pista.

“La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) promueve el desarrollo de una regulación estable que proteja el correcto funcionamiento de las inversiones en los países miembros, algo que no se está cumpliendo en Colombia en el caso de Electricaribe”, agrega Gas Natural que, no obstante, asegura que mantiene su voluntad de seguir negociando para alcanzar un acuerdo que, con base en un marco regulatorio adecuado, “establezca la necesaria regulación jurídica y económica que le permita continuar operando Electricaribe, y llevar a cabo las inversiones convenientes”.

“Hubo una situación de mora y fraude consentida por el Gobierno”

Por otro lado, Gas Natural Fenosa manifiesta que la situación de mora y fraude que se registraba en la Costa “era consentida por el Gobierno”. Según la compañía, su filial “sufre una situación crónica” de fraude e impagos desde hace años, con un impacto que asciende a 1.300 millones de euros, y cuya solución “requiere el establecimiento de un marco jurídico seguro y razonable y el pago de las citadas deudas”.

Gas Natural se declara sorprendida por la “falta de importancia” que, supuestamente, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, que dictamina la liquidación, atribuye al “gravísimo” problema de la morosidad y el fraude.

“Es un hecho reconocido la necesidad de más inversiones en la zona, pero se pretende ignorar que el problema fundamental es que Electricaribe arrastra una deuda de sus clientes superior a los 1.300 millones de euros (más de 200 millones sólo en 2016), que incluye importantes deudas de organismos públicos colombianos, y ello es así porque no existe un marco legal y regulatorio que proteja suficientemente a la compañía eléctrica, e impida que se vea obligada a suministrar energía sin poder cobrar”, agrega.

La compañía concluye al señalar que no existe un problema de gestión sino de marco regulatorio y han declarado declara públicamente que “hay que cambiar la cultura del no pago, dando ejemplo desde los entes gubernamentales”.