Así lo planteó el jefe de Gabinete, Marcos Peña, al asegurar que el Gobierno mantiene la estrategia de alcanzar al máximo tribunal judicial para definir el tema tarifario.

Buenos Aires. El Gobierno nacional ratificó su confianza en que el aumento en las tarifas de gas, cuya instrumentación se encuentra frenada por la justicia, sea analizado y resuelto en el menor tiempo posible por la Corte Suprema.

Así lo planteó el jefe de Gabinete, Marcos Peña, al asegurar que el Gobierno mantiene la estrategia de alcanzar al máximo tribunal judicial para definir el tema tarifario.

Este pronunciamiento dar por tierra con el pedido formulado por la diputada Elisa Carrió -una de las principales aliadas del Gobierno- para que se dé marcha atrás el incremento de tarifas y se ponga en marcha un nuevo esquema de incrementos que incluyan la realización de audiencias públicas, sin la necesidad de que el tema llegue a manos del máximo tribunal de justicia.

"Hoy el tema está en la Justicia, se resolverá allí, para nosotros no es un problema la audiencia publica", dijo hoy Peña en diálogo con la prensa al anticipar que el Gobierno esta analizando "generar más mecanismos de consulta".

El jefe de Gabinete reiteró sobre las formas de los incrementos que "no había alternativa, se hizo con mucha transparencia y corrigiendo lo que hay que corregir", al destacar que de esta manera se está "recuperando un sistema con el objetivo de tener energía y cuidar a los más vulnerables".

La vicepresidenta Gabriela Michetti, en un recorrido que realizó por el partido de Lanús junto a Peña y la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, opinó que "dejar las cosas como estaban nos remite a los cortes y problemas de abastecimiento, por eso es un tema que vamos a tener que resolver lo antes posible".

Ayer, la Cámara Federal de La Plata dejó en manos de la Corte Suprema de Justicia la definición sobre la nulidad de las Resoluciones 19 y 31/2016 del Ministerio de Energía que dispuso las subas del gas, en tanto que el incremento de las tarifas eléctricas podría tener mismo destino a partir de la nulidad de las Resoluciones 6 y 7/2016 anuladas por la juez federal de San Martín, Martina Forns.

Pero la extensión de las instancias judiciales mantiene la incertidumbre no sólo en los usuarios sino también en las empresas distribuidoras, que aguardan una señal de los entes reguladores para poder comenzar a refacturar -aunque sea provisoriamente- con las tarifas vigentes hasta el 31 de enero y el 30 de abril, para la luz y el gas respectivamente.

Las empresas de servicios públicos manifestaron durante la jornada que esperan instrucciones de la autoridad competente para avanzar en el proceso de facturación de gas y luz, que en caso de las gasíferas se encuentra discontinuada desde hace 30 días, mientras que Edesur y Edenor, por tratarse de un fallo reciente de la Justicia, aún no fueron notificadas al respecto.

Así lo indicaron fuentes de las compañías Gas Natural Fenosa, Metrogas, Edesur y Edenor a Télam, con los matices que enmarcan los fallos judiciales que, en distintos tiempos, frenaron la aplicación de los nuevos cuadros tarifarios.

En ese mismo sentido, el presidente de Edenor, Ricardo Torres, advirtió que el actual congelamiento de tarifas "pone en tremendo riesgo" el funcionamiento de la compañía, así como el pago de los salarios y el mantenimiento de las inversiones para sostener el servicio de distribución de electricidad en el área metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires.

"Las cosas están en un gran desorden porque una serie de sentencias han ido para adelante y para atrás con los aumentos, algunos con efectos que creo que ni los jueces han querido, como por ejemplo que 600.000 clientes nuestros hayan perdido la tarifa social, o que estemos subsidiando a automotrices, bancos, shoppings centers o gente de clase más alta por volver a la situación anterior", dijo Torres.

También las distribuidoras Edenor y Edesur salieron al unísono a advertir que el freno judicial a los aumentos en la tarifa de electricidad afectará la operatividad de las compañías y la calidad de los servicios que prestan, además de "alterar la cadenas de pagos, el plan de inversiones" y hasta generar una potencial "situación de disolución" de las compañías.

En referencia a ese pronunciamiento, el presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, Marcelo Torres, dijo que las empresas "pusieron en marcha la campaña del miedo" al decirle a los usuarios "que si no aceptan el aumento, les vamos a cortar la luz todos los días".

Entre otras de las repercusiones del entramado judicial en el que ingresó la cuestión tarifaria, el presidente de la Comisión de Usuarios y Consumidores del Senado bonaerense, el massista Hernán Albisu, cuestionó al Gobierno nacional por no haber convocado a audiencias públicas para incrementar las tarifas de los servicios públicos, aunque también afirmó que "los jueces no pueden fijar una política en materia de servicios".