El jefe de Gabinete del Gobierno, Jorge Capitanich, señaló que con esta norma se evita que "en la cadena de valor, los mismos 'vivos' de siempre, los que tienen posición dominante, perjudiquen al productor mediante un aumento artificial de precios".

El Gobierno argentino logró este miércoles imponer su mayoría parlamentaria para aprobar la reforma de la Ley de Abastecimiento, rechazada frontalmente por la oposición y las patronales del sector por considerar que aumenta el control del Estado sobre la actividad empresarial.

Tras una sesión maratoniana, el oficialismo sacó adelante la reforma por 130 votos a favor, contra 105 votos en contra y 5 abstenciones.

El Ejecutivo de Cristina Fernández presentó este paquete de medidas, que fueron ya aprobadas por el Senado argentino a comienzos de mes, como leyes de defensa del consumidor.

Esta ley "permite defender a las pequeñas y medianas empresas, promover la inversión, estimular el empleo en las economías regionales y establecer condiciones de regulación por parte del Estado, a los efectos de evitar el abuso de posición dominante y apropiación indebida de excedentes en la cadena de producción", celebró hoy el jefe de Gabinete del Gobierno, Jorge Capitanich.

Durante su rueda de prensa diaria, Capitanich afirmó que con esta norma se evita que "en la cadena de valor, los mismos 'vivos' de siempre, los que tienen posición dominante, perjudiquen al productor mediante un aumento artificial de precios".

"El Estado debe intervenir en la cadena de valor para defender al que produce y defender al que consume", dijo el funcionario, para quien, en la actualidad, se ha "distorsionado" este principio.

Además, recalcó la necesidad de actualizar la anterior ley, vigente desde 1974, para incluir a las pequeñas y medianas empresas.

El proyecto logró este martes el visto bueno en las comisiones parlamentarias, también dominadas por el oficialismo, pese a las críticas de diversas cámaras empresariales, que sostienen que el proyecto no cumple con los objetivos de la defensa del consumidor y la promoción de la competencia, sino que establece la "intervención directa" del Estado en la economía y en las empresas.