El borrador de la administración de Cristina Fernández recorta los ingresos de las provincias por regalías e impuestos y limita la participación de las empresas petroleras provinciales.

La decisión del Gobierno de Argentina de impulsar una nueva Ley de Hidrocarburos para incentivar la inversión en este sector ha despertado una pugna soterrada con las provincias, verdaderas dueñas del petróleo y el gas bajo tierra.

El proyecto, que de aprobarse sustituirá a una ley de 1967, comenzó a debatirse informalmente hace dos meses, con el impulso de la petrolera YPF, controlada por el Estado argentino.

La iniciativa, cuyo primer borrador se conoció hace unos días, busca favorecer la inversión en exploración y explotación, algo que Argentina necesita con urgencia para paliar sus problemas de abastecimiento y de manera intensiva, ya que el desarrollo de la gigantesca formación de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta requerirá de cuantiosos fondos.

De hecho, entre los 40 artículos del primer borrador confeccionado por el Gobierno de Cristina Fernández hay un nuevo "régimen de promoción de inversión para la explotación de hidrocarburos".

Pero para fomentar la inversión, la propuesta incluye cambios que varios de los gobernadores de las diez provincias petroleras de Argentina han recibido con disgusto.

Principalmente, el borrador recorta los ingresos de las provincias por regalías e impuestos y limita la participación de las empresas petroleras provinciales.

La prensa especializada local ha reseñado la tensión que estos cambios propuestos ha despertado entre el Ejecutivo de Fernández, YPF y los gobernadores.

Hasta ahora el descontento se venía manifestando en reuniones a puertas cerradas, pero algunos ya comienzan a expresar públicamente su enojo.

"Hay algunos que quieren venir a cosechar lo que los neuquinos sembramos y a ordeñar a la vaca que no les pertenece, pero nosotros no se lo vamos a permitir", dijo días atrás, en referencia a la iniciativa, Omar Gutiérrez, ministro de Economía de la provincia de Neuquén.

Este distrito, el mayor productor de hidrocarburos del país y el "corazón" de Vaca Muerta, es, junto a la también sureña Chubut, uno de los que más resisten los cambios propuestos.

Entre los puntos en debate están las tasas de regalía que cobran las provincias a las petroleras que soliciten una extensión en las concesiones y que el Gobierno de Fernández propone que sean del 3 %, por debajo de las pretensiones de las provincias.

El Ejecutivo nacional también quiere que se unifiquen los distintos modelos de pliegos de licitación de áreas petroleras que aplican las provincias, algo que los gobernadores miran con recelo.

El Gobierno argentino también impulsa cambios en el rol de las compañías provinciales estatales en los proyectos operados por firmas privadas.

En este último caso, el denominado sistema de "acarreo", por el que las provincias sólo aportan su título de propiedad sobre los recursos y los privados corren con todo el aporte de capital y la operación, es cuestionado por el presidente de YPF, Miguel Galuccio.

"El acarreo es un sistema que va a dejar proyectos por debajo de su viabilidad. En iniciativas difíciles con retornos de inversión bajos, por ejemplo", dijo en mayo Galuccio, que comanda la mayor petrolera de Argentina y está en búsqueda de inversiones extranjeras para el desarrollo masivo de Vaca Muerta.

Los gobernadores no quieren ceder en este punto porque por esta vía las provincias obtienen ingresos adicionales y alegan que, de otro modo, los privados tendrán que pagar un canon de ingreso a los yacimientos.