Cumpliendo la Ley 180, que prohíbe obras en el Tipnis, el gobierno de Evo Morales está dispuesto a asumir las multas que se impusieren si la empresa brasileña OAS decide enjuiciar al Estado porque ya no construirá el tramo II de la carretera entre Villa Tunari y San Ignacio de Moxos.
La ministra de Comunicación, Amanda Dávila, anunció que el Ejecutivo envió una nota a OAS indicándole que ésta no puede ejecutar obras en el tramo II de la carretera por el Tipnis, hasta que se logre una solución al conflicto desatado precisamente por la construcción de este trazo.
“Existe la respuesta de OAS pidiendo explicaciones por esta suspensión. Nuevamente se envió la posición del gobierno diciendo ‘se suspende (la construcción del tramo II)’, y si hay un tema de multas por esta situación se tendrá que asumir porque se hará cumplir la Ley (180)”, admitió Dávila.
La marcha indígena que llegó a La Paz desde Trinidad en octubre de 2010, logró la aprobación de la Ley corta (N°180) que vetó la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos por el parque, que también fue declarado intangible.
La empresa OAS firmó un contrato con el gobierno boliviano para construir la vía en tres tramos. El I y III están en construcción, mientras que el II —que pasa por el TIPNIS— ya no será ejecutado por la firma brasileña, informó el presidente de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Luis Sánchez.
Brasil concedió un crédito de US$332 millones para la obra, que demandaría al Estado una inversión total de US$415 millones. El presidente del directorio de la ABC, José Kin, se mostró temeroso ante un posible juicio que ejecutaría OAS contra el Estado boliviano por daños y perjuicios al separarla de la construcción del tramo II.
“En cumplimiento del mandato de esa ley, se ha entrado en negociaciones con la empresa OAS para modificar el contrato y sacar el tramo II. No podemos mantener el mismo costo por el tramo I y III como si fuera para todo el tramo original”, explicó Kin el martes a la red Erbol.
Norma. La ministra Dávila ratificó la posición del Gobierno de hacer cumplir la Ley 180 hasta que el proceso de consulta decida si se construye o no la vía por el Tipnis. Reafirmó que el contrato con OAS tiene un contenido global y no por tramos. “No existe ningún contrato vigente que autorice a OAS la construcción del tramo II, porque es ilegal proceder a esa construcción (...) La solución pasa por la consulta”, dijo Dávila.
Según el líder del Movimiento Sin Miedo (MSM), Juan del Granado, en el contrato de financiamiento firmado entre el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (Bndes) de Brasil y el Gobierno de Bolivia hay una cláusula en la que se establece el crédito que se destinaría a la construcción del tramo II. Este trazo, según el documento que presentó el exaliado del MAS a la prensa, tiene un crédito asignado de US$139 millones.
El presidente del directorio de la ABC, José Kin, anunció que el gobierno de Morales inició la etapa de negociación con la brasileña OAS para concretar la modificación del contrato. Los acuerdos a los que se llegue serán hechos públicos luego de conocerse los resultados de la consulta, dijo.
Evo está disgustado con labor de OAS. El mandatario Evo Morales expresó su disgusto con los trabajos que viene realizando la empresa brasileña OAS en los tramos I y III de la carretera entre Villa Tunari y San Ignacio de Moxos, informó la ministra de Comunicación, Amanda Dávila.
“El Presidente ha expresado su disgusto y disconformidad con algunos trabajos que hizo OAS. Advirtió que está dispuesto a hacer una revisión del contrato con OAS”, explicó Dávila. La autoridad indicó que el gobernante observó la construcción de los tramos I y III.
El ministro de Obras Públicas y el presidente de la ABC adelantaron el 30 de marzo que OAS ya no construirá el tramo II de la carretera por el TIPNIS entre Villa Tunari y San Ignacio de Moxos. La empresa OAS fue contratada para la construcción en tres tramos de la vía que uniría Cochabamba con Beni. El I y III están en proceso de construcción, mientras que el II —que pasa por el núcleo del TIPNIS— fue paralizado.
El gobierno de Brasil concedió un crédito de US$332 millones para la obra vial, que demandará una inversión total de US$415 millones. La ministra Dávila pidió a los sectores indígenas y políticos presentar propuestas alternativas para la construcción del tramo II.
“El Presidente está abierto a escuchar propuestas que tengan los dirigentes, y se sabe que no hubo ninguna propuesta concreta alternativa; incluso el señor Juan del Granado dice que tiene un grupo de arquitectos estudiando una posibilidad al tramo y hasta ahora no hay nada”, reprochó Dávila.
El presidente de la ABC, Luis Sánchez, ratificó el 30 de marzo que el gobierno estudia una alternativa al polémico inicial tramo II, pero luego recalcó que un nuevo trazo generaría un impacto ambiental más dañino.