Además, la autoridad anunció que hará una revisión de la acreditación legal en Bolivia de la socia de la Sociedad Boliviana del Cemento, Grupo Cementos de Chihuahua (GCC).

Así lo hizo conocer el viceministro de Coordinación Gubernamental, Wilfredo Chávez, quien acusó a la gestión del entonces presidente Hugo Banzer (1997-2001) de haber favorecido al empresario Samuel Doria Medina con la adjudicación del 33,34% de las acciones de la Fábrica Nacional de Cemento SA (Fancesa).

El Órgano Ejecutivo emitió este 1 de septiembre un decreto supremo expropiando el 33,34% de las acciones que tenía la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce) en Fancesa. La composición societaria de Soboce es la siguiente: Doria Medina tiene el 51% de las acciones, Cementos de Chihuahua el 47% y el restante 2% está en manos de diversos accionistas.

“Habrá que ver la acreditación legal que tiene esta empresa (Grupo Cementos de Chihuahua). Primero revisar papeles para ver quién es el socio y luego ver si hay algún acuerdo para el sometimiento a un tribunal internacional. (De todas maneras), la Constitución vigente nos prohíbe someternos a tribunales internacionales”, precisó Chávez.

Según el funcionario, hay empresas que estafan al Estado boliviano y que, en acuerdo con sus socios extranjeros, ponen en sus convenios “una cláusula arbitral para un tribunal de afuera y que pierda el Estado. La Constitución prohíbe aquello y veremos con cuidado, con mucho cuidado qué alegatos plantea Doria Medina”, indicó el viceministro.

Doria Medina declaró este sábado a La Razón que “prefiere una solución racional (por la expropiación de su paquete accionario en Fancesa) que ir a un arbitraje”. “Pero tenemos socios que tienen una participación de un 47% y obviamente ellos no descartan ir a un arbitraje”, afirmó el empresario, quien concedió una entrevista a este medio de comunicación.

Apoyo a Cementos de Chihuahua. La Cancillería mexicana informó este sábado de que apoyará las gestiones del Grupo Cementos de Chihuahua para que reciba una indemnización justa y apegada a las normas del derecho internacional.

Según un reporte de la agencia estatal Notimex, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) resaltó que la embajada de México en el país sudamericano transmitió a las autoridades bolivianas su apoyo a las gestiones que realizan los accionistas mexicanos para que el proceso que deriva de esta medida se desarrolle de la manera rápida y conforme a la ley.

Doria Medina y su socia mexicana esperan que una entidad independiente valore las acciones revertidas.

“Nosotros esperamos que la empresa que haga la valoración sea una empresa que conozca el tema, que sea independiente (...). Lo que nos preocuparía es que la empresa que se va a seleccionar, que de acuerdo con el decreto es la Gobernación de Chuquisaca, sea una empresa unipersonal y que no tenga experiencia en la materia”.

El empresario boliviano también informó de que esta semana llegarán al país los ejecutivos de Cementos de Chihuahua para entrevistarse con las autoridades bolivianas y conocer las razones para la expropiación de su paquete accionario en Fancesa. Al respecto, el Viceministro de Coordinación Gubernamental dijo que hasta el momento no recibieron ninguna comunicación escrita del GCC. “Esperamos todo por escrito”, dijo el funcionario.

‘No vamos a aceptar los US$26 millones’. El accionista mayoritario de la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce), Samuel Doria Medina, adelantó que rechazará cualquier pago del Gobierno por sus acciones si no se toman en cuenta las inversiones realizadas en los últimos años en la Fábrica Nacional de Cemento SA (Fancesa).

“Si el Gobierno nos devuelve el mismo monto con el compramos las acciones de Fancesa no vamos a aceptar, porque es como comprar una casa y que a los 10 años llegue el dueño y le digan que le devuelven el dinero, pero la casa se ha mejorado”, argumentó.

Doria Medina, en entrevista con la Red Erbol, explicó que Soboce compró en 1999 el 33,34% de las acciones de Fancesa en el marco de la legalidad. Señaló que el precio en libros cuando Soboce adquirió dicho paquete era de US$14 millones, pero se pagó un precio de mercado de US$26 millones.

El empresario boliviano añadió que esas acciones se cotizan hoy en US$123 millones, de los cuales US$43 millones corresponden al valor en libros y alrededor de US$80 millones al valor de mercado.

Asimismo, vaticinó que la escasez de cemento en el país, sobre todo en Santa Cruz y La Paz, durará hasta fin de año. “Tendremos unos meses difíciles hasta que se resuelva el problema a fin de año, pero después se va a normalizar”.