El ministro de Gobierno, Carlos Romero, explicó que estas cooperativas recibieron del Estado determinada área en calidad de concesión y que la transfirieron a compañías privada bajo la figura de “contrato de operación”.

La Paz. El ministerio de Minería y Metalurgia identificó al menos 42 contratos de operaciones suscritos por los cooperativistas con empresas privadas bolivianas y extranjeras para explotar predios otorgados a ese sector por el Estado en calidad de concesión.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, informó en el programa El pueblo es noticia que “el ministerio de Minería ha identificado 42 contratos suscritos (por cooperativas mineras) con empresas privadas y las transnacionales”.

En un posterior contacto con periodistas, la autoridad afirmó que “podrían ser muchos más”.

Explicó que estas cooperativas recibieron del Estado determinada área en calidad de concesión y que la transfirieron a compañías privada bajo la figura de “contrato de operación”. Puso de ejemplo a una empresa asiática que obtiene el 80% de las utilidades por la explotación del yacimiento; mientras que los cooperativistas se quedan con el 19% por el arrendamiento y solo pagan el 1% al Estado por las ganancias obtenidas.

En 2013, los tres actores mineros que operan en el país aportaron a las regalías departamentales con: US$8,4 millones la minería estatal; US$94,5 millones el sector privado, y US$31,7 millones las cooperativas.

“La minería estatal aporta con el 6%, la privada con el 70% y las cooperativas con el 23%. Si permitimos estos contratos de operación, las regalías bajarán mucho más porque el sector privado se va a desplazar al sector cooperativista y van a disminuir los ingresos departamentales”, indicó.

Involucradas. El ministro Romero reveló algunos nombres de cooperativas que pactaron con privados, entre ellas La Sorpresa, Chillata, Cotapata, Catavi, Gran Poder, Milliscuni y Perla del Illampu.

La mayoría corresponde a zonas auríferas en el norte paceño, que suscribieron contratos con empresas como Esmical, Candelaria, Empresa Miranda, Candelaria II, PTI Limitade, entre otras. También detectaron contratos con terceros en Potosí.

“La cooperativa no hace nada más que recibir su título (de concesión minera), lo entrega a una empresa privada y recibe un porcentaje de las utilidades por esa operación de intermediación entre el Estado y una empresa”, argumentó. Si el Estado hubiera firmado el contrato directamente con la entidad privada, los ingresos que el país recibiría por la explotación de los recursos naturales serían del 39% y en la actualidad son solo del 1%, precisó.

Este 39% iría para el Estado por concepto de tributos como el Impuesto a las Utilidades (IU), Régimen Complementario del Impuesto al Valor Agregado (RC-IVA), Impuesto al Valor Agregado (IVA). Además, el valor no contempla la cifra destinada a los beneficios por las regalías departamentales.

También destacó la multiplicación de las áreas de concesión en favor de los cooperativistas en los últimos ocho años. “El sector cooperativo minero debe entender que no es que el Ejecutivo está en su contra. En 2006, las cooperativas mineras tenían 2.254 cuadrículas (para operar), equivalentes a 56.350 hectáreas. En 2014, ocho años después, durante este gobierno han subido a 17.140 cuadrículas, o sea 428.628 hectáreas, un incremento del 500%”.

El titular de gobierno hizo hincapié en que la Constitución establece que los contratos que suscribe el Estado con un operador minero, en este caso los cooperativistas, “tienen que cumplir una función económica social, ejercida directamente por sus titulares”.

Aseguró que es imposible aceptar la demanda de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin), para que la futura Ley de Minería autorice a los cuentapropistas a suscribir contratos con privados, como estipulaba de inicio el artículo 151 modificado en la Cámara de Diputados hace diez días.

Al llegar a esa instancia, la redacción establecía que “los titulares de licencias de prospección y exploración o de contratos administrativos mineros de la industria minera privada y cooperativa, pueden suscribir en cualquier momento con otros actores productivos mineros privados o cooperativas, legalmente establecidos, para el cumplimiento en forma asociada de sus respectivas obligaciones”.

El ministro de Minería, Mario Virreira, advirtió que esa redacción contradecía el parágrafo II del artículo 351 de la Constitución. “El Estado podrá suscribir contratos de asociación de economía mixta con personas jurídicas, bolivianas o extranjeras para el aprovechamiento de los recursos naturales, debiendo asegurarse la reinversión de las utilidades económicas en el país”.

Romero cuestionó la desinformación en las bases del sector y también afirmó que los cooperativistas se encuentran divididos. Los representantes de La Paz forman el principal bloque de apoyo a la posición de Fencomin.

Existen convenios desde 2011. El ministro de Gobierno, Carlos Romero, informó que entre los 42 contratos de subarriendo que firmaron los cooperativistas con empresas nacionales y transnacionales hay algunos que se remontan a 2011.

“Tenemos ejemplos que datan de 2011, 2012 y 2013, según algunos casos que expuso el ministro de Minería (Mario Virreira) en Oruro, pero yo no estoy seguro de que sean de 2011, pueden haber de fechas anteriores. Lo cierto es que son contratos relativamente actuales”, explicó.

La autoridad indicó que “siempre” hubo arriendos y subarriendos, lo que se constituye en un accionar ilegal. “Ahí se revela que los mecanismos de fiscalización deben ser fortalecidos, porque estos contratos no pueden existir, y que la autoridad del sector los ignore o los deje pasar, esto no puede suceder”, añadió.

Indicó que la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) es la entidad encargada de controlar todas las operaciones, por lo que estos casos deben ser resueltos. “Tendrá que esclarecerse. No sé si esto cuenta con el aval de Comibol, pero si fuese así, conllevaría a una investigación y establecimiento de responsabilidad”.

Según Romero, agenda de Evo aplaza reunión con Fencomin. Rubén Ariñez. La agenda del presidente Evo Morales impide, de momento, convocar a los dirigentes de la Federación de Cooperativas Mineras para que sostengan una reunión “de alto nivel” con el Jefe del Estado sobre el anteproyecto de la ley minera, dijo el ministro de Gobierno, Carlos Romero.

El presidente de Fencomin, Alejandro Santos, lamentó esta posición y reiteró que la dirigencia aguarda la convocatoria del Ejecutivo. También aclaró que no se fijaron plazos para retomar la movilizaciones.

“Que lo piense el presidente Evo (...), los cooperativistas siempre han sido la punta de lanza del gobierno”, declaró el directivo.

El viernes 4 de abril, y tras cinco días de bloqueos de caminos —que ocasionaron cuatro muertos y más de 130 heridos, la mayoría policías—, la negociación del Órgano Ejecutivo con este sector se declaró en cuarto intermedio con el ofrecimiento de una reunión con Morales.

Los cooperativistas mineros exigen la aprobación sin modificaciones de un proyecto de ley, consensuado con el Ministerio de Minería, que fue observado en la Cámara de Diputados por el mismo oficialismo, entre otros, porque el artículo 151 permite la celebración de contratos de este sector con privados y transnacionales sin intervención estatal.

Romero explicó que aún no se convocó a los dirigentes cooperativistas porque la discusión tomará necesariamente varias horas.

“Están buscando en Presidencia acomodar una jornada de trabajo con los cooperativistas. El Presidente quiere hablar con ellos para explicarles personalmente los puntos de vista del Gobierno, pero no estamos en condiciones de decir que va a ser mañana (hoy) o esta noche (ayer)”, recalcó.

Agenda. Morales tiene previsto participar en los actos de homenaje por el 197 aniversario de la Batalla de La Tablada el 15 de abril, efeméride departamental de Tarija.

Según Romero, el Mandatario gobernará desde ese departamento unos “cinco días antes”.

El sábado, el Jefe del Estado participó en los actos de celebración del 55 aniversario de Sabaya, Oruro, y el domingo, en la conmemoración de los 56 años de creación del municipio tarijeño de Yunchará.

Estas actividades, según Romero, fueron programadas con meses de anticipación, por lo que no pueden ser suspendidas intempestivamente.

El sábado, el vicepresidente Álvaro García fijó la posición del Ejecutivo sobre el conflicto con este sector —parte de los sectores sociales del Movimiento Al Socialismo (MAS)—: hay predisposición a dialogar, aunque no se discutirá ningún pedido que viole disposiciones constitucionales.

“Más allá de cualquier tipo de relación orgánica con los movimientos sociales, el gobierno siempre actúa de manera principista”, recalcó el ministro.

El viernes, las negociaciones encaradas con Romero y el ministro de Minería, Mario Virreira, se declararon en cuarto intermedio debido a que la discusión se entrampó en el artículo 151 del proyecto de ley.

“Ellos decían: podemos modificar la estructura de participación de utilidades, pero manteniendo el estatus de cooperativa. Les dijimos no, eso mismo pueden hacer, pero cambiando su estatus a empresa, y no quieren. Ahí frenamos. No había más posibilidades”, explicó el ministro.

Antes de la modificación, el artículo citado indicaba: “Los titulares de licencias de prospección y exploración o de contratos administrativos mineros de la industria minera privada y cooperativa, pueden suscribir (...) con otros actores productivos mineros privados o cooperativas, legalmente establecidos, para el cumplimiento en forma asociada de sus respectivas obligaciones”.

Esa redacción contradice el parágrafo II del artículo 351 de la Constitución, que faculta solo al Estado a firmar contratos con terceros para la explotación de los recursos naturales estratégicos de Bolivia.

Romero hizo hincapié también en que “la dirigencia perdió el control de la movilización —que en varios puntos fue levantada aun antes de que concluyera el ampliado que tomó la decisión de dar una tregua— porque ya no habían argumentos razonables para sostenerla”.

Santos descalificó esta afirmación y aseguró que la directiva de Fencomin tiene el respaldo de los más de 150.000 cooperativistas mineros.

El directivo anunció, además, que a fin de mes convocará a un ampliado nacional extraordinario en el que se definirá el futuro del acuerdo político que tienen los cooperativistas con el partido gobernante.