Ante la crisis alimentaria que afecta al país, el gobierno está a punto de aprobar una norma que otorgará incentivos a la mayor productividad de los sectores agrícolas. La estrategia incluye la reversión de tierras que de forma ilegal están en manos de extranjeros para la producción estatal.

La Paz. La escasez y el alza de precios de algunos productos alimenticios en el país movilizó al gobierno en los anteriores meses a buscar alianzas con los empresarios agropecuarios y con los pequeños productores campesinos para enfrentar la crisis alimentaria. Una de las principales demandas del sector agropecuario fue la otorgación de incentivos para la producción.

El ministro de la Presidencia, Óscar Coca, anunció ayer que en los próximos días el Ejecutivo aprobará una norma que será parte de las soluciones establecidas por el gobierno para enfrentar la carencia de productos alimenticios en el mercado interno por causa de los cambios climáticos.

“Lo que se está buscando es que haya mayor producción y mayor rendimiento. Muy pronto va a salir un decreto o ley que va a incentivar la elevación de la productividad”, aseguró.

Según Coca, los incentivos se relacionan, entre otros, con la obtención de mercados seguros para la exportación de alimentos y el pago de productos estratégicos del mismo rubro a un precio en 10% mayor al del mercado.

“Si alguien está produciendo 10 toneladas de papa en una hectárea, se le va a dar un incentivo al que produzca 20”, sin embargo, “no queremos desestructurar el aparato productivo ni las redes de distribución del país, pero debemos mantener, al menos, mercados y buenos precios para que haya incentivo a la producción”, aclaró.

El 3 de febrero, el presidente Evo Morales afirmó —según la agencia estatal ABI— que Bolivia “no debe esperar” que las naciones industrializadas cambien sus políticas de desarrollo que han provocado la “crisis alimentaria”, sino promover programas de producción que enfrenten el problema.

Según Coca, las políticas relacionadas con este tema estarán basadas en el respeto al medio ambiente.

Por su parte, el viceministro de Tierras, José Manuel Pinto, reveló que aproximadamente “un millón de hectáreas” productivas se encuentran en manos de extranjeros, los cuales las “sobreexplotan” con la producción indiscriminada de alimentos que tienen como destino sus países de origen.

“Nos preocupa la forma ilegal de explotar la tierra, sin ninguna autorización que sustente el marco legal vigente en nuestro país (...). Si no se comprueba una adquisición legal, esas tierras serán revertidas al Estado para su producción”, aseguró.

Asimismo, la autoridad lamentó que el “uso ilegal” de las tierras, como el arrendamiento a terceros y el uso de las mismas como garantías hipotecarias, haya sido impulsado por “empresarios nacionales y dirigentes campesinos”.

Se apoyará a 64 mil quinueros. La nueva Ley 680 aprobada en el pleno de la cámara de Diputados establece que alrededor de 64 mil familias productoras de quinua se beneficien con apoyo tecnológico en la recolección del grano. Además, para incrementar la producción, este sector accedió a Bs 84 millones (US$11,7 millones) en créditos del BDP con una tasa de interés del 7%, informó ANF.

Rechazan la condonación de deudas a productores. El 50% de los productores que obtuvieron créditos de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) buscan que el gobierno les condone sus deudas, sin embargo, el presidente Evo Morales decartó esta medida.

“Hemos decidido, mediante Emapa, apoyar a los pequeños productores de maíz, arroz y soja con créditos que no exigen garantías y tienen tasas de interés de 0%; pero casi un 50% de estos compañeros ya no quieren devolver su préstamo”, dijo.

Morales expresó su “decepción” por el pedido de los productores y resaltó que, aunque el gobierno tiene la obligación de apoyar la mayor producción de alimentos, “no condonará” estas deudas.

BDP ofrece Bs 140MM (US$19,5 millones) para créditos a cañeros. Con el fin de incrementar la producción de caña de azúcar y garantizar el abastecimiento del producto en el país, el gobierno desembolsó, a través del Banco de Desarrollo Productivo (BDP), Bs 140 millones (US$19,5 millones) que serán destinados a los pequeños y medianos productores cañeros de Santa Cruz.

Así lo informó el presidente Evo Morales a tiempo de indicar que la tarea del Ejecutivo es lograr la soberanía alimentaria del país y la diversificación en la exportación de productos como el azúcar y el maíz.

“Estos Bs 140 millones (US$19,5 millones) para el sector cañero son para empezar la renovación o ampliación de los cañaverales y de esta manera no tener problemas de azúcar”, manifestó. Los créditos que brindará la entidad financiera estatal tienen una tasa de interés del 6% a un plazo de reembolso de siete años.

El programa tiene dos componentes de financiamiento. El primero está destinado a la renovación y ampliación de cañaverales, mismo que será puesto en operación a través de créditos a la Unión de Cañeros, y el segundo está dirigido a la compra de maquinaria agrícola, recursos que serán otorgados directamente a los productores primarios.

El 30 de enero, el viceministro de Desarrollo Rural y Agropecuario, Víctor Hugo Vásquez, anunció que, además de los créditos, el plan de abastecimiento de azúcar en el país se orienta en el mediano plazo a aumentar la producción del endulzante.

Morales advirtió que la falta del producto persistirá no sólo en Bolivia, sino en el mundo, por lo que es necesario el apoyo al sector para impulsar una mayor producción.

“Ojalá en unos dos o tres años, y después de garantizar el abastecimiento del mercado interno, Bolivia pueda convertirse en un país exportador de azúcar para no pasar la vergüenza de ser nuevamente importador”, expresó.