El director de la Agencia para el Desarrollo de las Macrorregiones y Zonas Fronterizas (Ademaf), Juan Ramón Quintana, admitió el domingo que “existieron funcionarios de nuestro propio gobierno que entregaron concesiones mineras (en esa región) de manera irregular”.

El gobierno de Bolivia no cuenta con un registro de las concesiones mineras otorgadas para la extracción de oro en el país. El Servicio Nacional de Geología y Técnico de Minas (Sergeotecmin) sólo tiene un listado general y no uno que detalle el mineral explotado.

El 7 de octubre, con el apoyo de más de 2.000 efectivos militares, el Gobierno tomó el control de al menos 24 áreas de explotación ilegal de oro, ubicadas en el municipio cruceño de San Ramón y en las serranías de San Simón, en el departamento del Beni.

El director de la Agencia para el Desarrollo de las Macrorregiones y Zonas Fronterizas (Ademaf), Juan Ramón Quintana, admitió el domingo que “existieron funcionarios de nuestro propio gobierno que entregaron concesiones mineras (en esa región) de manera irregular”. Esa entidad estuvo a cargo del operativo, que ayer se replicó en San Javier, parte de la Chiquitania cruceña.

Desde el Ministerio de Minería y la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) se informó, por separado, que la entidad responsable del registro de concesiones mineras es el Sergeotecmin.

Consultado sobre el número de concesiones auríferas otorgadas hasta la fecha, el director general ejecutivo de esa repartición de Gobierno, Hugo Delgado Burgos, respondió: “Se tiene una base de datos alfanumérica y otra base de datos gráfica, donde no (se) indica qué tipo de mineral se va a explotar, no está registrada (la concesión) con eso. Nuestra tuición tampoco es regular eso”.

Esa atribución, complementó, “estaría vinculada al pago de regalías (por la exportación), que está en función al elemento mineral que se está explotando”. 

El 24 de noviembre del 2009, La Razón informó que al menos 221 cooperativas mineras dedicadas a la explotación de vetas de oro en el norte del departamento de La Paz no se encuentran inscritas en el Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales (Senarecom); lo que hace que su producción y ventas evadan la fiscalización y el control estatal.

Fuentes oficiales, que pidieron mantener su nombre en reserva, informaron entonces que desde que el Senarecom comenzó a funcionar, en febrero del año pasado, solamente se registraron nueve cooperativas auríferas a nivel nacional, pero que las mismas no presentan datos sobre ventas.

En esa entidad, agregaron, se cuenta únicamente con información de las empresas Inti Raymi y del Grupo Minero La Roca. Ambas registran exportaciones en un promedio de dos veces al mes.

Autorización. Según el director de la Autoridad General Jurisdiccional Administrativa Minera, Juan Carlos Aquivarez Huanca, antes de febrero del 2008, las concesiones mineras eran otorgadas por las oficinas regionales de la ex Superintendencia de Minas.

Luego de esa fecha, precisó, se declaró reserva fiscal a todo el territorio nacional y la Comibol pasó a otorgar —ya no concesiones— sino contratos mineros.

“Se están levantando todos los datos necesarios a fin de verificar toda la documentación de los que tuvieran la concesión (en Santa Cruz y Beni). Se van a ver todas las concesiones, se va a acumular la documentación y se van a verificar si han cumplido o no lo que se ha establecido en el Código de Minería en actual vigencia”, sostuvo el director del ente de regulación.

“Nosotros simplemente administramos lo que se refiere a estas propiedades mineras que se diferencian en pertenencias y cuadrículas”, aclaró Delgado.

Explicó que las concesiones del primer tipo son aquellas que están vinculadas a la morfología del yacimiento. Las otras tienen como base figuras regulares o cuadrículas de 500 x 500 metros, añadió el funcionario.

Mina en San Javier. Ayer, un nuevo operativo desplegado por las Fuerzas Armadas (FF.AA) logró la intervención de una nueva área de explotación ilegal de oro en la localidad de San Javier, provincia Ñuflo de Chávez en Santa Cruz. El comandante en jefe de las FF.AA, Ramiro de la Fuente, informó que en el lugar se encontró un campamento y un ingenio de procesamiento de oro.

El área se encontraba equipada con un motogenerador de electricidad, dos excavadoras y una motoniveladora, que fueron secuestrados por los efectivos. De la Fuente confirmó que el despliegue militar continúa en toda la zona de la Chiquitania.

La semana pasada, el gobierno tomó el control de entre 15 y 20 áreas de explotación ilegal de oro en el municipio cruceño de San Ramón y de otras cuatro en en la serranía de San Simón (en Beni). El operativo movilizó a más de 2.000 efectivos militares.

De la fuente informó que en ambos operativos se detuvo a 44 personas (24 en San Ramón y 20 en San Simón), la mayoría súbditos brasileños que fueron remitidos a las autoridades respectivas. La intervención a las áreas auríferas se dio en momentos en que el oro registra cotizaciones récord. La semana pasada llegó a $us 1.310 la onza troy en el exterior.