Los trabajadores rechazan la Medida Provisoria (MP) 595 propuesta por el ejecutivo, que prevé una modernización en la legislación, la reducción de los costos y la concesión de algunas de las 158 terminales.

Los puertos brasileños muestran una baja eficiencia y saturación, escenario que el gobierno quiere corregir con la activación de una reforma que es rechazada por los trabajadores, quienes ven afectados sus derechos.

El funcionamiento de los puertos y su relación con las ciudades litorales en las que se encuentran han tenido un eco importante en la historia de la economía brasileña.

Desde la década de los 90 este sector, considerado una fuente de riqueza fundamental para el país, arrastra una sucesión de intentos fallidos de devolverle su esplendor y su potencia.

En la más reciente clasificación de competitividad del Foro Económico Mundial (FEM), Brasil figura en la posición 129 de 144 países analizados, debido a la mala calidad de las redes de transporte, incluido los puertos, con un tiempo de espera para atracar un navío superior a la media del mercado internacional.

El informe del foro insta a Brasil a llevar a cabo mejoras para mantener su desarrollo económico y destaca que los preparativos para la Copa del Mundo 2014 de fútbol y los Juegos Olímpicos de 2016 "ofrecen oportunidades para superar el déficit de infraestructura".

Durante los tres primeros meses de 2013, la situación de los puertos brasileños no ha sido fácil.

El tráfico de camiones en las carreteras que dan acceso al litoral de Sao Paulo causaron enormes problemas financieros y logísticos al Puerto de Santos, el mayor de América Latina.

El Sindicato de Agencias de Navegación Marítima del Estado de Sao Paulo (Sindamar) calculó las pérdidas en 115 millones de reales (unos US$57 millones) en los tres primeros meses del año, sin contar los perjuicios para los exportadores, importadores y los terminales portuarios.

El problema se intensificó el pasado 20 de febrero por el incremento en los vehículos de carga y descarga de mercancía, a raíz de las cosechas récord y las dificultades derivadas de la lluvia.

"Hay un estrangulamiento de la movilización de carga ya hace bastante tiempo porque el puerto no consigue gestionar la demanda, lo que ha causado la cancelación de algunos contratos", explica el vicepresidente de la Asociación de Productores de Soja y Maíz (Aprosoja), Ricardo Tmczyk.

Según el líder rural, la actual cosecha es 10% mayor que la anterior y alcanza entre 23 y 24 millones de toneladas, de las cuales 60% son destinadas a la exportación.

El vicepresidente de Aprosoja considera que la saturación del puerto se repetirá en el segundo trimestre con la recolecta de maíz.

En los últimos meses el tiempo de atracar y desembarcar los navíos se han demorado hasta 30 días, con pérdidas de US$98 por tonelada, en el caso de la soja, según Ricardo Tmczyk.

La huelga de los portuarios, principalmente en Santos y en el Puerto de Paranaguá (PR), en contra del nuevo marco regulatorio del sector que prevé la privatización de algunos terminales, añadió complicaciones en el flujo de soja hacia China a mediados de marzo pasado.

Los trabajadores rechazan la Medida Provisoria (MP) 595 propuesta por el gobierno en diciembre último, que prevé además de una modernización en la legislación, la reducción de los costos, el aumento de la competitividad y la concesión a empresas privadas de algunas de las 158 terminales.

Los trabajadores del sector, agrupados en la Federación Nacional de los Portuarios, alegan que la flexibilización de las normas amenaza la estabilidad de los empleados y varios de sus derechos laborales.

Los dirigentes rechazan la exigencia de contratar temporalmente a trabajadores sin vínculos con empresas a través del Organo Gestor de Mano de Obra, que controla la organización de obreros en los puertos, una de las disposiciones incluidas en la MP con validez inmediata, aunque necesita la aprobación del Congreso.

También argumentan que los puertos privados fueron beneficiados por la legislación y que robarán carga a los puertos públicos, lo cual generará desempleo entre los trabajadores agrupados en la Federación Nacional de los Portuarios.

A pesar de las críticas, el gobierno quiere poner en marcha lo más pronto posible la reforma y dar inicio, aún en el primer semestre, a una serie de licitaciones en los puertos de Belém (norte de Brasil) y Santos, considerados prioritarios.

El plan del gobierno prevé una inversión destinada a los puertos de 54.200 millones de reales (unos US$26.700 millones) en 30 años.

Por el momento, los empresarios manifestaron su apoyo a la MP 595, al igual que los representantes de la industria.

"Con la MP pierden algunos pocos grupos que se beneficiaban del cierre del mercado portuario a la inversión privada y ganan el sector productivo y la sociedad brasileña", aseguró el presidente de la Confederación Nacional de Industria (CNI), Robson Braga de Andrade.