La tragedia del miércoles ocurrió en San Antonio, donde desde hace un par de años cerca de 5.000 personas viven de la explotación ilegal de oro en el lecho del río Quinimayó.

El gobierno de Colombia asumió su responsabilidad en el derrumbe de una mina de oro en el departamento Cauca, donde al menos tres mineros murieron y entre 20 y 35 quedaron sepultados, tragedia que puso presión a las autoridades en el combate de minería ilegal, que en lo que va del año ya causó 36 muertes y otras 91 en 2013.

"Lamentamos la muerte de nuestros mineros, ellos son el costo más alto de la minería ilegal que seguimos combatiendo sin descanso", afirmó hoy el presidente Juan Manuel Santos a través de su cuenta de Twitter, luego de que los socorristas descartaran poder rescatar con vida a los mineros atrapados.

El derrumbe ocurrió en la noche del miércoles en la mina ilegal de oro Agualimpia, en el municipio de Santander de Quilichao, donde las autoridades calcularon que entre 20 y 35 mineros quedaron atrapados debajo de 20 metros de tierra, por lo que estimaron que no habrá sobrevivientes.

Hasta ayer, las tareas permitieron rescatar ocho heridos y tres cadáveres, en tanto tres mineros lograron salir ilesos.

Unos 180 socorristas trabajan en el lugar, comandados por el mayor Juan Carlos Sandoval, director de la seccional Cauca de Defensa Civil, quien estimó que estarían a entre tres y cuatro metros para llegar al punto donde quedaron sepultados los mineros, pero descartó que haya sobrevivientes, según reportó la agencia de noticias Ansa.

En tanto, el ministro de Minas y Energía, Amylkar Acosta, aceptó hoy la parte de la responsabilidad del gobierno y reivindicó las acciones del intendente del lugar, Luis Grijalba, quien había denunciado la ilegalidad de la mina y había tomado medidas al respecto.

"Nadie puede salir a lavarse las manos y excluirse de la responsabilidad que debemos compartir", aseguró hoy el ministro en declaraciones a la radio La W, reproducidas por el diario El Tiempo.

Acosta confirmó hoy que la tragedia ocurrió en una mina ilegal donde se utilizaba a los trabajadores, "gente humilde y con precariedad social y económica", como "escudos humanos" cuando se intentaban hacer procedimientos judiciales para cerrarla.

Al respecto, el ministro aseguró que Grijalba actuó de forma correcta al denunciar en su momento la ilegalidad de la mina e intentar decomisar la maquinaria pesada del sector el 25 de febrero.

El funcionario precisó que "el alcalde ha denunciado la presencia de grupos ilegales que imponen su ley, que incluso hicieron salir del municipio al secretario de Gobierno (Ricardo Cifuentes) que intentaba controlarlos".

"No es fácil la erradicación de la minería ilegal. Usted cierra una y a poco abren dos. En buena medida se debe a que son fuente de subsistencia para muchas comunidades", indicó.

En lo que va del año, las condiciones de las minas ilegales provocaron la muerte de 36 personas, sin contar aún las muertes de Quilichao, según el relevamiento del organismo estatal de Seguridad y Salvamento Minero.

Las víctimas más recientes son del viernes pasado, cuando cuatro personas murieron y 65 se intoxicaron por inhalación de gases tras una explosión en una mina ilegal de oro en Buriticá, en el departamento Antioquia.

La gerente de Seguridad y Salvamento Minero, Catalina George, señaló que el año pasado los muertos en minas ilegales fueron 91, cifra que consideró "muy alta" luego de que se había logrado reducir la cantidad de accidentes entre 2010 y el primer semestre de 2013.

La minería ilegal y la explotación ilegal de oro "son actividades que no tienen ningún respeto por la vida humana", resaltó la funcionaria en declaraciones a RCN La Radio, y también indicó que "el incremento de la accidentalidad está asociado al uso de retroexcavadoras".

La tragedia del miércoles ocurrió en San Antonio, un caserío ubicado a 15 minutos del casco urbano de Santander de Quilichao, donde desde hace un par de años cerca de 5.000 personas viven de la explotación ilegal de oro en el lecho del río Quinimayó.

En ese sitio existe un socavón que las autoridades calculan que tiene un área aproximada de 400 metros cuadrados y una profundidad de 20 metros.

Allí sucedió el derrumbe que arrastró cerca de 80 toneladas de lodo y piedra, y que no dio aviso a los mineros, que realizan esa actividad en horas de la noche para no ser detectados por las autoridades.

En la región se conocen cuatro zonas donde se practica minería ilegal a gran escala: San Antonio, El Palmar, La Toma y Arboledas.

La Defensoría del Pueblo pidió a los ministerios de Medio Ambiente y de Minas y Energía, así como a otras autoridades, que "adopten medidas de fondo y se realice una intervención preventiva y correctiva, a fin de evitar tragedias como la que hoy se presenta", publicó el diario El Espectador.