Cuatro días duró protesta de mujeres afrocolombianos exigiendo soluciones a esa problemática en el departamento del Cauca.
Tras cuatro días de encierro en la sede del Ministerio del Interior en Bogotá, el grupo de 22 mujeres afrocolombianas que reclaman soluciones a la minería ilegal en el departamento del Cauca consiguió alcanzar los "primeros acuerdos" con el gobierno.
El ministerio del Interior informó en un comunicado que se ha acordado "crear una subcomisión" para estudiar acciones inmediatas que pueda tomar el Ejecutivo contra la minería ilegal y que el Estado se ha comprometido "a adelantar acciones con el objetivo de erradicar la minería ilegal en el Cauca".
En la consecución de estos acuerdos participaron responsables del ministerio de Minas y Energía y de Defensa, ya que se ha asegurado a estas mujeres que el Gobierno garantizará su seguridad frente a los atropellos contra civiles cometidos por los grupos que se benefician de la minería ilegal.
Como "garantes" de estos primeros acuerdos intervinieron la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, la Defensoría del Pueblo, la Iglesia católica y varios senadores de izquierda y movimientos indígenas.
Estas mujeres, que recorrieron a pie los aproximadamente 600 kilómetros que separan el Cauca de Bogotá, se habían negado a abandonar el Ministerio hasta alcanzar una solución para este problema, que está generando inseguridad en la región, así como contaminación del medioambiente.
Reclamaban la instalación de una mesa de conversación permanente para solucionar el problema y una reunión con el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, que no se produjo por problemas de agenda del funcionario.
Todas ellas viajaron a la capital colombiana junto con miembros de la denominada "Guardia afrocolombiana", similar a la Guardia Indígena, que portan vistosas camisetas amarillas y bastones como señal de autoridad pero que no llevan armas.
El departamento del Cauca es una región tradicionalmente agrícola y minera, pero en los últimos años se ha multiplicado la extracción ilegal de minerales, actividad que está dominada por bandas criminales y por la guerrilla.
Esta actividad implica el uso de contaminantes como el mercurio que causan graves daños a la salud y el medioambiente.