El ministerio de Minas y Energía rechazó las manifestaciones que alteran el orden público, después de la advertencia hecha por la petrolera de suspender operaciones si no se garantiza su seguridad.
Bogotá. El ministro de Minas y Energía, Mauricio Cárdenas Santa María, rechazó la alteración del orden público en Campo Rubiales y reiteró a los trabajadores y las empresas del sector petrolero que existen las condiciones de seguridad para garantizar el desarrollo de las actividades.
“El gobierno Nacional deplora lo ocurrido en Campo Rubiales. El gobierno tiene plena disposición al diálogo, respeta la protesta, pero rechaza categóricamente las vías de hecho”, dijo el titular de la cartera minero energética, al tiempo que indicó que están dadas las condiciones para que opere el campo.
“El país rechaza y deplora las acciones violentas que comprometen nuestra prosperidad. El país sabe que ha habido buen ánimo para el diálogo, que los trabajadores que están en Campo Rubiales tienen unas condiciones salariales adecuadas”, agregó el ministro Cárdenas a periodistas en Bogotá.
El jefe de la cartera de Minas y Energía dijo que la Policía Nacional tiene la instrucción de asegurar el orden, hacer cumplir la ley y judicializar a aquellas personas que cometan actos delictivos en el campo petrolero y en el municipio de Puerto Gaitán, Meta.
“Nosotros les aseguramos a los operadores las condiciones para que puedan llevar a cabo sus actividades, y al mismo tiempo hacemos un llamado a los grupos que, por la vía de acciones de carácter violento, están tratando de llamar la atención, porque son actos absolutamente innecesarios y que atentan contra la prosperidad de la Nación”.
Campo Rubiales está produciendo 230.000 barriles diarios, que es equivalente a casi 18 millones de dólares al día que se dejarían de recibir, afectando a miles de colombianos.
El pronunciamiento se dio luego de que Pacific Rubiales contemplara suspender producción.
Así lo señaló el vicepresidente de asuntos corporativos de la empresa, Federico Restrepo, al explicar que en cualquier momento se puede dar la orden, incluso de detener las inversiones que hace la multinacional en el país.