A la gobernación de Magdalena, desde donde se asegura que se han cumplido con todos los contratos previstos por la ley.

Ante la Sala de Revisión de la Corte Constitucional, el representante del Instituto Nacional de Vías de Colombia (Invías), Jaime Tovar aseguró que la gobernación del Magdalena no atendió las cientos de recomendaciones que se le hicieron antes del proceso de licitación para el proyecto conocido como Vía para la Prosperidad, que comprende a los municipios de Palermo – Sitio Nuevo – Remolino – Guaimaro.

En su intervención, Tovar manifestó que en repetidas oportunidades el Invías y otros organismos solicitaron frenar el proceso de licitación para el multimillonario contrato ya que existían graves falencias y dudas sobre la forma en cómo se iba a desarrollar el proyecto vial.

“Hasta la saciedad se le advirtió a la gobernación de Magdalena de las múltiples irregularidades en el contrato y sin embargo el contrato fue adjudicado (…) El Invías advierte que se entregaron dineros como pago anticipado y no como anticipo. Excluyendo el control por parte del interventor y la realidad ahora no se sabe donde están cerca de 64 mil millones de pesos (US$31 millones) del contrato”, explicó el delegado del Instituto.

En este punto calificó como “grave” el hecho de que el Gobernador del Magdalena, Luis Miguel Cotes y sus funcionarios no atendieran las recomendaciones presentadas, por lo que manifestó la necesidad de emitir medidas cautelares frente a este proyecto con el fin de resolver todos los problemas que se han presentado en la obra, la cual ha tenido que detenerse por ordenes de diversos juzgados.

Igualmente aseguró que hasta el momento no existe claridad sobre la inversión de más 60 mil millones de pesos (US$30 millones) que fueron desembolsados por el gobierno para el adelantó de la obra, la cual se encuentra detenida en estos momentos por orden de la Corte que acogió los argumentos esgrimidos en una tutela presentada por el Ministerio de Transporte.

Por su parte, el gobernador del Magdalena, Luis Miguel Cotes rechazó estas declaraciones, asegurando que el contrato cumplió con todos los requisitos exigidos por la ley. “No hubo ninguna precipitud”, precisó el mandatario departamental al hacer énfasis en el hecho de que un grupo de sus asesores y expertos en la materia vigilaron cada uno de los procesos contractuales.

“Siempre actuamos con cabeza fría. Siempre tomamos las decisiones conscientes conforme a que actuamos acorde a la ley y al ordenamiento jurídico", aseguró ante las preguntas de los magistrados que conforman la sala. En este punto aseguró que siempre este, como proyecto bandera de su administración, siempre ha buscado lo mejor para el departamento.

Por las presuntas irregularidades en la celebración de la millonaria licitación, la Procuraduría General le adelanta un proceso disciplinario al mandatario departamental y cinco de sus funcionarios.