El presidente Juan Manuel Santos admitió que “somos conscientes de que el campo y sus habitantes enfrentan enormes dificultades. Décadas, siglos de abandono y desidia por parte del Estado".

A menos de un mes de que se realicen las elecciones a la presidencia de la República, comenzó ayer un nuevo paro nacional agrario, aunque en su primer día no tuvo las dimensiones que muchos esperaban. Departamentos como Boyacá, Cundinamarca, Santander, Norte de Santander, Huila, Putumayo, Meta, Caldas, Risaralda y Caquetá fueron el epicentro de las manifestaciones campesinas que transcurrieron sin mayores alteraciones del orden público.

Precisamente, el gobierno, guiado por lo que vivió en septiembre del año pasado, le ha dedicado especial esfuerzo a dialogar con algunos colectivos rurales para frenar las protestas. Precisamente, al cierre de esta edición, el viceministro de Agricultura, Hernán Román, había concluido una reunión con miembros de la Dignidad Agropecuaria en la que se evaluaron temas como costos de los insumos, acuerdos comerciales y crédito sobre los cuales se continuará hablando desde las 7:30 a.m. de hoy en el Ministerio de Agricultura.

Dichas organizaciones campesinas han advertido, en reiteradas ocasiones, que si se quiere evitar el paro el Gobierno debe cumplir con una serie de exigencias, como refinanciar las deudas de los campesinos, renegociar los tratados de libre comercio, bajar los costos de los agroinsumos y proteger la economía campesina de los impactos de la minería.

Además, los campesinos sostienen que el gobierno no cumplió los compromisos adquiridos en el paro de agosto. Frente a esto, el Ejecutivo ha contestado que de 183 acuerdos pactados tras las protestas, ha dado cumplimiento a cerca de 80, y que el resto corresponden a tareas de largo y mediano plazo que están en trámite.

El ministro de Agricultura, Rubén Darío Lizarralde, dio a conocer ayer algunas medidas con las que se pretende desincentivar la protesta. La primera de ellas consiste en la compra masiva de agroinsumos a través de la Bolsa Mercantil de Colombia (BMC). “Hemos detectado que el gran problema en los insumos es la excesiva intermediación. De modo que si logramos un gran acuerdo entre gremios, asociaciones y sector financiero gubernamental vamos a evitar que los productos estén un 25% o 30% por encima de su valor”.

La medida, tal y como la explicó el titular de la cartera agropecuaria, busca que “sean los gremios, asociaciones e incluso las Dignidades Agropecuarias” las que se encarguen de adquirir y distribuir “los fertilizantes y plaguicidas en todas las regiones”, y agregó que “hemos invitado a los gremios, que son parte de la solución, a que contribuyan en este proceso”.

De acuerdo con cifras de la Asociación Nacional de Empresarios (Andi), en el mercado nacional los agricultores están pagando mucho más por fertilizantes básicos como úrea, fosfato diamónico y cloruro de potasio. Por ejemplo, en el exterior una tonelada de úrea cuesta US$300, mientras que en el país se paga en cerca de US$400. En el caso del fosfato diamónico, 1.000 kilos valen afuera poco más de US$300, mientras que en Colombia se transan en US$600.

Por su parte, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría, fue más allá y lanzó una explicación política sobre las protestas: “No hay razón para que haya paro. Hoy el país tiene un presupuesto tres veces mayor que el de 2010 para asuntos agrarios. Los agricultores son conscientes de los grandes cambios. No son anuncios, son realidades. Hay una ley que aprobó recursos de $5 billones. Esto no es algo que se está haciendo a las carreras para atender un paro”, señaló, no sin antes acusar de promover las protestas con una intención electoral.

“Hay una profunda división. Los protagonistas del paro anterior aspiraron al Congreso y fueron derrotados en las urnas. Lo que no pudieron hacer en democracia, lo hacen bloqueando vías”, agregó.

Entre tanto, el coordinador del Sistema de Naciones Unidas en Colombia, Fabrizio Hochschild, sostuvo que “es muy importante que los paros se lleven a cabo sin violencia y para evitarla es primordial que se deje de estigmatizar la protesta. Para controlar el orden público el Gobierno debe mantener una retórica conciliadora”.

En un tono más conciliador, el presidente Juan Manuel Santos admitió que “somos conscientes de que el campo y sus habitantes enfrentan enormes dificultades. Décadas, siglos de abandono y desidia por parte del Estado. Por eso intentamos cambiar esta situación con el Pacto Nacional por el Agro. Sé que hay que darle al campo más respuesta”. Esta postura no deja de resultar contradictoria con la del ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, quien ha alertado insistentemente sobre la infiltración de las guerrillas en las manifestaciones.

De otro lado, el Consejo Gremial Nacional, a través de un comunicado, manifestó frente al paro que “el Estado, si bien tiene la obligación de garantizar y respetar el derecho a la protesta, no puede permitir que se paralice el país. El Consejo reitera una vez más que las políticas públicas no deben basarse en paros y bloqueos”.

Desde la orilla de los insatisfechos con la política agraria del país se esgrimen otros argumentos. Para el senador Jorge Robledo, del Polo Democrático, “la gente se va a paro porque tiene hambre y no cuenta con otra opción; no quiere hacerle daño al Gobierno. Que el diálogo con los campesinos no sea una argucia política. Que no sea por quedar bien”.

Señaló que si no se renegocian los tratados de libre comercio, el campo no encontrará una solución definitiva a la crisis que padece. Asimismo, dijo que el Gobierno ha avanzado muy poco en el control de precios de los insumos y las importaciones.

“Rechazo los señalamientos del mindefensa y le exijo seriedad. ¿Qué tal que yo dijera que eso es un Ministerio de corruptos? No puede ser que destruyan el agro y que lo único que se le ocurra es salir a criminalizar la protesta. Santos, Iragorri y Lizarralde son voceros de las transnacionales. Ellos no están velando por los intereses de los campesinos ni de las empresas nacionales. Además, es difícil encontrar un ministro más inhabilitado que Lizarralde, que ni representa a los campesinos ni a los empresarios, representa al Partido Conservador y a algunos empresarios de la palma”, añadió Robledo.

Desde el Centro Democrático, movimiento que lidera el ex presidente Álvaro Uribe, también se ha expresado su respaldo al paro nacional. Por ejemplo, el senador Juan Carlos Vélez afirmó que respalda el paro por la crisis en que está sumido el campesinado colombiano, al que según Vélez, el Gobierno no le ha cumplido los compromisos firmados el año pasado.

Incluso, el propio Óscar Iván Zuluaga, candidato a la Presidencia por el uribismo, expresó su respaldo a las manifestaciones, eso sí, advirtiendo que no apoya las vías de hecho y dio a conocer sus propuestas para sacar al agro de la crisis.

Para José Santos Cabezas, del Proceso de Comunidades Negras (PCN) —activo en la Cumbre Agraria, Popular y Étnica— el Gobierno tiene plazo hasta el 5 de mayo para atender su pliego de peticiones. “Esa es la hora cero que decidió la cumbre campesina, indígena, afro y popular. Intentamos conversar con las dignidades para hacer un paro conjunto, pero no hubo posibilidad. Como parte de la cumbre declaramos que iríamos al paro, pero que le daríamos tiempo al Gobierno para que responda a nuestras peticiones”.

Una mirada similar expresó Ángel Torres, vocero de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina, quien, a pesar de que las dignidades no forman parte de la Cumbre Agraria, dice que “para nosotros es muy importante lo que ellos están haciendo. El miércoles nos vamos a reunir con el Gobierno para instalar una mesa de diálogo con todos los sectores de la cumbre y esperamos que las dignidades se sumen”.

Piedad Córdoba, la dirigente de Marcha Patriótica, pidió a los manifestantes levantar el paro y utilizar los canales que se han dispuesto para negociar mejores condiciones. “Sabemos de las necesidades del campo. Sin desconocer esas dificultades, los invitamos a aprovechar la mesa única de interlocución que se abrió para dar solución al pliego que plantea la Cumbre Agraria”.

Las necesidades que expresan los diversos movimientos son muy similares. Algunos piden respuestas en lo económico y otros buscan reivindicar algunos derechos. Mientras tanto, el gobierno ha asumido una postura de diálogo que, valorada por los campesinos, será puesta a prueba en los próximos días.