Ante el nuevo panorama, que le cierra la puerta para hacerse a Isagén, EPM anunció que desinvertirá en la generadora, donde tiene una participación del 13%, pero esta decisión debe tener el visto bueno del Concejo de Medellín.
El anuncio del consorcio colombo-brasileño EPM-Cemig de retirarse del proceso para quedarse con Isagén puso en alerta máxima al gobierno, especialmente al ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría, quien explicó que por ahora nada cambia y que la decisión de vender la generadora de energía se mantiene.
Ya son dos los consorcios que han declinado en su aspiración a quedarse con el 57,61% de las acciones que tiene la Nación en la compañía, por las que se espera un pago de unos $5 billones (US$2.651 millones).
Cárdenas señaló a El Espectador que están analizando si se mantendrá o se reducirá el valor de su participación en Isagén con miras a que EPM y el grupo Argos, quienes señalaron que la decisión de retirarse del negocio fue que los números no les cerraron, vuelvan a ser parte del proceso.
La decisión de EPM de desistir obedeció a que su socio, Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), oficializó que suspendía los análisis para participar en la convocatoria de enajenación de acciones de Isagén, al cual había precalificado en consorcio con EPM.
Ante el nuevo panorama, que le cierra la puerta para hacerse a Isagén, EPM anunció que desinvertirá en la generadora, donde tiene una participación del 13%, pero esta decisión debe tener el visto bueno del Concejo de Medellín.
Entretanto, el Grupo Energía de Bogotá, otro de los consorcios precalificados y quien hace un mes anunció que desistiría de participar en el proceso por las condiciones que impuso el superintendente ad hoc de Industria y Comercio, Luis Guillermo Vélez, que obligaría a la compañía a salir de Emgesa, espera la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca sobre una tutela que instauró para defender sus derechos frente a los condicionamientos de la SIC.
Pero a esta tutela se sumó una segunda, instaurada por el Comité de Defensa de Isagén, en la que participan la Red por la Justicia Tributaria en Colombia y el sindicato de la empresa, Sintraisagén.
La presidenta del Grupo Energía de Bogotá, Sandra Fonseca, quien en una entrevista con El Espectador había dicho que ya tenía listo el vestido para ir por Isagén pero tuvo que guardarlo luego del condicionamiento de la SIC, espera volver a sacarlo esta semana para ir a la subasta en la que espera quedarse con la compañía.
Mientras el ministro de Hacienda mueve sus fichas en este proceso, su colega de Minas y Energía, Amylkar Acosta, mira el desarrollo del negocio desde la barrera, pues desde su llegada se mostró contrario a la venta de Isagén, razón por la cual se declaró impedido para pronunciarse sobre el tema.
Acosta considera que Isagén es una de las joyas de la corona y que debe mantenerse. Entretanto otros funcionarios, como Luis Fernando Andrade, presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), esperan que la venta prosiga, ya que una gran parte de los recursos se destinará a financiar el programa más ambicioso en la historia de la infraestructura vial del país, en el que se invertirán cerca de $50 billones (US$26.510 millones) y que le permitirá al país construir más 1.500 km de dobles calzadas.
En la pasada campaña presidencial, la venta de Isagén generó controversia entre el ex presidente Álvaro Uribe, quien se mostró contrario a esta decisión del presidente Juan Manuel Santos.
Por ahora se mantienen interesados el consorcio Duke Energy, la mayor matriz de energía de Estados Unidos; China Haudian Corporation, una de las cinco generadoras estatales chinas que produce el 10% de la energía que consume ese país; el consorcio colombo-frances Generco, y el grupo liderado por Gas Natural de España.
